Morelia, Mich., La familia de Jessica González Villaseñor contará con protección del Estado, ante las amenazas que ha recibido luego de que Diego Urik, homicida de la maestra, fue declarado culpable el viernes por el delito de feminicidio, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Dijo que la solicitud de los deudos fue atendida, tras exponer ante la prensa que los familiares de Urik en varias ocasiones amenazaron a Verónica Villaseñor, madre de la víctima, por la lucha que emprendió para exigir justicia y castigo para el asesino de Jessica.

El próximo 3 de febrero, el juez dará a conocer la pena que purgará Diego por haber ultimado a golpes a su novia Jessica en septiembre de 2020. De acuerdo con las leyes estatales, el delito de feminicidio se castiga con una pena de entre 25 y 60 años de prisión.

En conferencia de prensa, el mandatario morenista señaló que la sociedad está atenta a la resolución del juez, y quien dicte la sentencia debe saber que está de por medio el prestigio del Poder Judicial. En días anteriores, el mandatario michoacano declaró que espera un castigo ejemplar para el feminicida.

La familia de Diego Urik tiene poder económico y político y contrató ocho abogados, quienes se encargaron de prolongar el juicio durante aproximadamente dos años; sin embargo, la Fiscalía General del Estado (FGE) aportó 120 pruebas que confirmaron la autoría y responsabilidad del varón de 21 años en el asesinato de la joven.

Padres de Frida Santamaría piden ayuda al mandatario

Alfredo Ramírez Bedolla recibió este lunes a los familiares de Frida Santamaría, quien fue asesinada el 18 de junio de 2022 en Sahuayo por su ex novio José Paulo N, quien le disparó a quemarropa.

Sin embargo, el juez que lleva el caso reclasificó el delito de feminicidio por el de homicidio culposo y el pasado 24 de enero el acusado salió de la cárcel para enfrentar en libertad el proceso penal.

Juan Paulo es hijo de un ex alcalde priísta de Sahuayo, Alejandro Amezcua Sánchez, y cuñado de Alfredo Anaya Orozco, ex diputado federal. Además, tiene influencias con la clase política de esta región de la Ciénega de Chapala.

En los últimos cinco años, en Michoacán se han cometido más de mil 200 crímenes de mujeres, de los cuales 120 casos fueron clasificados como feminicidios y del total se han resuelto 30 por ciento, aproximadamente, informó la fiscalía estatal.