Buenos Aires., La detención de cuatro dirigentes del grupo ultraderechista Revolución Federal, investigados a partir del atentado fallido contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el pasado 1° de septiembre, llevó hasta una de las fuentes de financiación: la empresa Caputo hermanos, amigos íntimos del ex presidente Mauricio Macri, que pagaron 13 millones de dólares a Jonathan Morel, uno de los fundadores de la organización violenta.

Los integrantes de Revolución están relacionados con los ya detenidos ejecutores directos del plan para eliminar a la funcionaria, víctima de una persecución política que se agravó en los cuatro años del gobierno de Macri con el espionaje de los medios masivos de comunicación, encabezados por el Grupo Clarín y la llamada mesa judicial, que armó causas falsas para tratar de destituir o eliminar a la máxima líder política de este país.

Además de Morel, detuvieron a Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile, quienes fueron sometidos a investigación antier.

En su indagatoria ante la justicia, Morel admitió que cobró mucho dinero y no sólo los 8 millones de pesos argentinos que ya se constataron, sino 13 millones. Reconoció que no fabricó ninguno de los muebles que le encargó Caputo Hermanos porque su carpintería no tenía capacidad de hacerlo y terció el pedido.

Morel utilizaba como pantalla una mueblería inexistente, cuyo primer trabajo era el acuerdo con Pía Caputo, hermana de Luis Caputo, ex ministro de Finanzas de Macri, pero no pudo dar una versión creíble sobre por qué se le encargaban mesitas de luz para uno de los edificios que construyó esa empresa, situada en la provincia de Neuquén, a más mil 100 kilómetros de esta capital.

Los cuatro detenidos están acusados por delitos de violencia, amenazas de muerte y otros actos, como el intento de incendiar la presidencial Casa Rosada tirando antorchas y bombas molotov.

El caso fue tomado por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Gerardo Pollicita, que habían solicitado unir esta causa con la vinculada directamente con el atentado, que investiga la jueza María Eugenia Capuchetti, pero ésta no aceptó. Debido a las nuevas pruebas que surgen de los celulares y audios de los imputados, lo hará ahora por todos los indicios.

La mueblería no existía, aunque Morel construyó en una habitación común una guillotina que fue expuesta ante la casa gubernamental como una amenaza de muerte.

Estos grupos mostraron en grandes carteles la imagen de lo que sería Fernández de Kirchner en una horca y arrojaron dos veces frente a la sede de gobierno bolsas de residuos envueltas en sogas, simulando cadáveres con nombres, entre ellos la vicepresidenta, de Estela de Carlotto, presidenta de las abuelas de Plaza de Mayo.

En sus declaraciones, Morel no pudo explicar cómo había sido contactado por la empresa de Luis Caputo y otros familiares. Antier fue allanada la oficina de los Caputo, en esta capital, mientras se realizaban otros cateos en las viviendas de los recién detenidos.

Además de los datos con que se ha armado la causa, los abogados de la vicepresidenta, querellante en este asunto, continúan con la recolección de pruebas. Aunque el caso va lento, la jueza Capuchetti pidió a la Corte Suprema de Justicia ayuda para la investigación, pero no ha habido ninguna respuesta, a pesar de tratarse de un intento de magnicidio.