Al acudir a Palacio Nacional para una reunión evaluatoria del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), su director general, Pedro Zenteno, sostuvo que el organismo enfrenta los estragos de la privatización silenciosa que se registró en administraciones anteriores, donde se identificaron sobreprecios. Si bien no abundó en detalles para no afectar procesos, refirió que se han presentado denuncias ante las instancias competentes: la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía General de la República.

En entrevista poco antes de su encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador, destacó que la mayoría de los contratos están acordados en el régimen anterior , son contratos de subrogación, fue la privatización silenciosa del sector salud en donde además se han detectado sobreprecios que en serán denunciados, lo que redujo la capacidad operativa del Issste.

Tenemos subrogado hasta el carrito de la anestesia. De ese tamaño esta la dependencia a estos servicios subrogados. Una manera de privatizar el sector y lo hicieron muy puntualmente en el Issste pero en el resto del sector también tienen ese problema.

Zenteno aseveró que se trabaja para el saneamiento del organismo y en este proceso, resaltó la finalización de 10 grandes contratos de subrogación que se vencen en diciembre.

Consideró que en México el sistema de salud tiene un gran problema: está fragmentado. Hubo dos grandes descentralizaciones que han fracasado: la educativa y la de salud. Y en la salud que es donde me toca a mí. La fragmentación generó un caldo de cultivo para la corrupción y se pierde, desde mi punto de vista, el control de políticas públicas de salud, que debe estar en el Estado.

Como parte de la restructuración del organismo, señaló que se realizarán inversiones en unidades de primero, segundo y tercer niveles; se pretende retomar los turnos vespertinos en 915 unidades lo que implicaría que, con la misma infraestructura, duplicar la capacidad de atención. Asimismo, se lanzarían servicios los fines de semana en demandas básicas de los derechohabientes, como son la odontología y los análisis clínicos.