El endeudamiento en México se mantendrá contenido este año y el siguiente, pero su saldo duplica el de los ingresos públicos, para los cuáles se advierte una merma mientras las necesidades de gasto del gobierno, empresas productivas y demás organismos federales no ceden, muestran estadísticas del Fondo Monetario Internacional (FMI).

En su Monitor Fiscal, el organismo exhibe que por segundo año consecutivo la deuda neta del gobierno federal caerá al cierre de 2022, para llegar a 49.1 por ciento, antes de aumentar a 51 por ciento a finales de 2023, periodo para el que el FMI advierte un peor panorama en la economía global.

El organismo señala que México ha reportado estabilidad en la deuda como proporción del producto interno bruto (PIB). No obstante, ésta duplica la capacidad de recaudación del país. Los ingresos para el cierre de este año se calculan en 24.6 por ciento, mientras para el próximo se espera que bajen a 24.4 por ciento, también en relación con la actividad económica.

Por otro lado, el gasto del gobierno federal se espera que al menos entre este año y el siguiente se mantenga en alza, con aumentos de 28.4 y 28.5 por ciento como proporción del PIB, respectivamente.

A nivel global las presiones a las finanzas públicas aumentan, advierte el FMI. La deuda pública mundial ha cedido respecto a los niveles máximos que alcanzó en 2020; sin embargo, se mantendrá en alrededor de 91 por ciento de la economía, hasta 7.5 puntos porcentuales por encima de los niveles previos a la pandemia, por lo que es necesario mantener una política fiscal estricta al tiempo que se da apoyo a la población más vulnerable.

Menor espacio fiscal debido a las necesidades de gasto que dejó el primer golpe de la pandemia en cuanto a salud y protección social hace particularmente vulnerables a los países de bajos ingresos, dado que 60 por ciento de ellos están agobiados por la deuda o corren un alto riesgo de contraerla.

En su Monitor Fiscal, el FMI recomienda a los gobiernos proteger a las familias de bajos ingresos de la pérdidas de ingresos y garantizar su acceso a alimentos y energía, mientras busca mantener bajo control el endeudamiento con una postura fiscal estricta que no se contraponga a la política monetaria.

En menos de tres años el organismo viró de promover el endeudamiento de los países para atender la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus, a apremiar que se mantengan las metas fiscales bajo control, en medio de las alertas que vienen de países de altos ingresos: Europa, donde la crisis energética se ha acelerado por la invasión de Rusia a Ucrania; China, donde los confinamientos y el sector inmobiliario han frenado a la economía, y Estados Unidos, que lanzó un paquete masivo de ayudas con un costo de financiamiento prácticamente nulo, desató la inflación y, como resultado, el encarecimiento del crédito en ese país está generando riesgos financieros en otros.

“La mayoría de los gobiernos se enfrentan a mayor presión sobre las finanzas públicas, que ya están tensas por la pandemia (….) Ante los shocks de oferta duraderos e inflación generalizada, deben limitar controles de precios, subsidios o recortes de impuestos. Tales movimientos serían costosos y, en última instancia, ineficaces”, advierte.