Chihuahua, Chih., La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió a estudio un caso en contra de autoridades estatales y federales, denominado Sierra Tarahumara, el cual denuncia la apropiación ilegal del territorio de comunidades rarámuris como Bosques de San Elías Repechique, en el poblado de Creel, municipio de Bocoyna, donde se construyó el aeropuerto regional Barrancas del Cobre en el sexenio del ex gobernador César Duarte Jáquez (2010-2016), y que empresarios turísticos buscan construir un campo de golf y un hotel en la comunidad de Mogotavo, en el Parque Nacional Barrancas del Cobre.

El asunto fue presentado por Consultoría Técnica Comunitaria AC (Contec) y la Red en Defensa de Territorios Indígenas de la Sierra Tarahumara (Redeti), que representan a Bosques de San Elías Repechique, a Mogotavo y a cinco localidades más de las etnias rarámuri y odami, de los municipios de Guachochi, Guadalupe y Calvo, Bocoyna y Urique, que reclaman la titularidad y reconocimiento de su territorio.

Al agotarse recursos los jurídicos estatales y nacionales, Contec y Bosques de San Elías Repechique presentaron a la CIDH la solicitud de apertura del caso, denunciando al Estado mexicano por su negativa a otorgarles la propiedad del territorio ancestral, así como por falta de protección y de garantías contra despojos realizados por mestizos, quienes obtuvieron derechos de posesión en el Registro Agrario Nacional sin pertenecer a las comunidades, e intimidan a indígenas.

En un posicionamiento sobre la admisión del asunto, la Redeti y Contec expusieron que se busca que las comunidades indígenas accedan a la justicia que se les ha negado por décadas, y que el gobierno federal tiene tres meses para presentar ante la CIDH observaciones a la petición interpuesta.

La Redeti y Contec detallaron que el caso Sierra Tarahumara se inició en 2017, al denunciarse el despojo que sufrió Bosques de San Elías Repechique, donde sin consulta previa ni medidas de reparación, los gobiernos federal y estatal construyeron el aeropuerto de Creel, durante el sexenio del hoy ex priísta César Duarte, y a la fecha continúa la apropiación de predios por parte de mestizos que reclaman la propiedad de un terreno donde se ubica un taller de costura de los rarámuri.

Mestizos denunciaron penalmente a gobernadores rarámuris de Bosques de San Elías Repechique, acusándolos de invadir la floresta y el territorio ancestral de la comunidad, y la Fiscalía de Chihuahua los obligó a comparecer en una audiencia de imputación de cargos por despojo agravado que denunciaron los mestizos el 4 de octubre de 2021.

En agosto de 2020 unos 50 rarámuris, la mayoría mujeres, niñas y niños, fueron detenidos por agentes de la policía estatal, que los obligaron a caminar dos horas, desde Bosques de San Elías al Ministerio Público en Creel, escoltados por patrullas, acusados de romper sellos de clausura que la fiscalía estatal colocó en el taller en disputa.

A la petición ante la CIDH de Bosques de San Elías Repechique se sumaron seis comunidades rarámuris y odamis de la Sierra Tarahumara: Arroyo del Pajarito, municipio de Guachochi; Bawinocachi, en Bocoyna; Coloradas de la Virgen y Mala Noche, ambas de Guadalupe y Calvo, así como los poblados de Huitosachi y Mogotavo, municipio de Urique.

La situación de Bosques de San Elías Repechique no es un caso aislado, sino que el despojo de territorios indígenas en la Sierra Tarahumara es una situación que sufren muchas comunidades indígenas, explicaron la Redeti y Contec.

También se demandó a los gobernadores y a 16 rarámuris de Mogotavo, contra quienes la fiscalía tiene abierta la causa penal 143/2021, a solicitud de empresarios inmobiliarios que los acusan de construir viviendas en un terreno que compraron en más de 2 millones de dólares a la particular Odile Sandoval en 2008, para convertirlo en un desarrollo turístico.

El diputado local priísta Omar Bazán Flores, así como los empresarios Ricardo Orviz Blake, Agustín López Daumas, Jesús Alberto Cano Vélez y Ricardo Valles Alvelais, pretenden evacuar por la vía penal a Mogotavo, al igual que la escuela-albergue, la iglesia y el panteón del lugar, aseguraron indígenas.

Mogotavo, donde habitan más de 300 personas de 80 familias rarámuris, ha intentado regularizar su territorio desde la década de 1980, pero en lugar de reconocer el territorio a los tarahumaras, la autoridad agraria favoreció a la familia Sandoval otorgándole el título definitivo, indicó la Redeti.