El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas (ONU) sobre Desapariciones Forzadas, así como la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ONU-DH) reiteraron su preocupación sobre las reformas para que se amplíe hasta 2028 la presencia del Ejército en tareas de seguridad pública, las cuales ya fueron aprobadas por la Cámara de Diputados y están pendientes de que se voten en el Senado.

A través de redes sociales, el Grupo de Trabajo expuso que estas reformas son contrarias a nuestras recomendaciones anteriores a México, sobre el retiro de las fuerzas armadas de las operaciones de seguridad pública como una medida para prevenir las desapariciones forzadas.

Por el mismo medio, la ONU-DH recordó lo declarado por la alta comisionada interina Nada Al-Nashif, quien el 9 de septiembre pasado también expresó su preocupación por las iniciativas para profundizar aún más la militarización de las fuerzas de seguridad, incluida una reciente propuesta de reforma de la Constitución para permitir su uso en funciones de seguridad pública hasta 2028.

Indicó que estas preocupaciones se basan en lo que consistentemente han sostenido mecanismos internacionales de derechos humanos desde al menos 1998 sobre este tema, cuando la Comisión Interamericana recomendó al Estado mexicano revisar el contenido de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el fin de mantener a las fuerzas armadas en el rol propio para el cual fueron creadas.