on profundo pesar nos sumamos a la condena por la ejecución de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales S.J., de 79 años, y Joaquín César Mora Salazar S.J., de 80, así como del guía de turistas Pedro Eliodoro Palma y la desaparición de dos personas, perpetrados el 20 de junio en la comunidad de Cerocahui, Chihuahua. Un suceso trágico que posiciona y devela de nueva cuenta muchas situaciones y significados, que son leídos por la conciencia cristiana como un hecho interpelante y profético, y por el compromiso ciudadano como una oportunidad para revisar integral y corresponsablemente la política de seguridad pública en el país.

Subrayamos que nuestros hermanos dedicaron coherentemente sus vidas al servicio de las comunidades indígenas de la sierra Tarahumara, región que históricamente, sexenio tras sexenio, ha sido mantenida casi en abandono absoluto por parte del Estado mexicano. Conocida por sus imponentes montañas, y habitada por las infatigables comunidades indígenas tarahumaras, quienes se autoadscriben como rarámuris, han sufrido el despojo de sus tierras y territorios, así como hambrunas y sequías. Viven sin caminos y sin infraestructura básica, como el acceso al agua, a la energía eléctrica, a servicios de salud, a la educación y a la seguridad.

Han sobrevivido a condiciones de olvido y de violencia, y a una desigualdad estructural extrema, que no ha sido atendida por la falta de voluntad de los gobiernos en turno. Ha sido la Compañía de Jesús –una de las organizaciones católicas eclesiásticas, con una tradición cercana a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas–, la que de manera ejemplar ha entretejido lazos de hermandad y solidaridad en la sierra Tarahumara desde que enviaron sus primeras misiones en el siglo XVI. Como parte de su labor misionera, asumieron desde entonces acciones educativas y de promoción de la salud, así como la creación de proyectos económicos solidarios y el asentamiento de un seminario, todo ello desde el compromiso por la justicia, la reconciliación y la paz. Pero no sólo ha sido el acompañamiento a las comunidades rarámuris que defienden sus territorios ante una realidad que las lacera, sino también a partir del compromiso con su vida comunitaria, su lengua, su cosmovisión y sus costumbres, mediante las cuales han procurado acercar un poco de igualdad y justicia social a la comunidad rarámuri, ganándose así el amor y cariño de sus habitantes.

El contexto histórico de desigualdad estructural, ¿no es suficiente desgracia? Respondemos que no. Aún debemos agregar el componente del crimen organizado que, aprovechándose de la ausencia del Estado y del aislamiento de la región rarámuri, acapara el territorio para cultivar mariguana y amapola, y perpetran secuestros y extorsiones, formas modernas de esclavitud, así como la explotación de los bienes comunes, por citar sólo algunas acciones delictivas.

Esta situación se agudizó de manera considerable durante la primera década de este siglo, con la expulsión y asesinato de toda persona que enfrentara al crimen organizado. Al menos seis personas ambientalistas rarámuris fueron asesinadas en la sierra Tarahumara en años recientes, sin dejar de mencionar el asesinato de la periodista Miroslava Breach, en represalia por su trabajo enfocado en denunciar los vínculos entre narcotraficantes y la clase política de Chihuahua. Los gobiernos federal, estatal y municipal, ¿ya están atendiendo la situación? Parece que no.

Un elemento más por agregar es la impunidad sistémica, aquella que la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los derechos para todas y todos ha denominado el signo de los tiempos, que personas, colectivos, organizaciones y pueblos hemos denunciado desde hace décadas, y no ha cambiado bajo el gobierno actual. Por el contrario, los efectos de la simulada transformación han profundizado la violencia estructural e institucional, rompiendo los límites que el crimen tiene pactados con autoridades de los tres niveles de gobierno para coexistir en el territorio nacional.

Bajo estas particulares circunstancias es como reconocemos la existencia de un significado pluridimensional de este acontecimiento trágico y profético del asesinato de nuestros hermanos, pues en México denunciar el despojo de la vida y el territorio, es decir, las violaciones a los derechos humanos, es una actividad en constante riesgo, que también pone en peligro la vida y la dignidad de las personas y colectividades en lucha.

Por ello, así como la Red TDT, la Red Solidaria de Derechos Humanos, el Colectivo de Personas Víctimas de Desplazamiento Forzado y organizaciones acompañantes, hacemos un llamado al gobierno federal y local, a fin de implementar una política de seguridad que tome en serio y sin titubeos los derechos de todas y todos, desde una mirada de justicia social y restaurativa, con la finalidad urgente de reconstruir el tejido social y cultural.