l final de su prestigiada columna México SA, que Carlos Fernández Vega publica en nuestro diario, preguntó el 17 de junio pasado: ¿Y en dónde estaban los ambientalistas
ante el desastre ecológico causado por la trasnacional Vulcano en la zona de Playa del Carmen?” La misma pregunta la ha hecho en varias ocasiones el Presidente de la República. Respondo en nombre de los aludidos: luchando incansablemente para impedir lo que ahora tanto se comenta. Esa lucha la encabezó el Grupo Ecologista del Mayab (GEMA), con sede en Cancún. De él hacen parte especialmente mujeres dedicadas a diversas actividades y lideradas por Araceli Domínguez. Dicha organización denunció oportunamente y sigue, desde 1986, la huella destructora de un negocio cuyo fin es obtener utilidades a cualquier costo.
Después de diversas visitas que hice a la zona donde se ubica Calizas Industriales del Carmen (Calica), publiqué en La Jornada el inicio de los trabajos de esa empresa. Sus propietarios: Ingenieros Civiles Asociados (ICA), como socio mayoritario, y la estadunidense Vulcan Material Co. La finalidad: exportar piedra caliza de la península de Yucatán para utilizarla en la construcción de carreteras del vecino país. ICA era entonces la constructora más importante de México gracias a los contratos gubernamentales.
La idea original del proyecto era establecerlo en un predio cerca de Tulum. Mas por los daños que podría ocasionar a la zona arqueológica y al principal acuífero de la península de Yucatán, se eligió una propiedad de un familiar del entonces gobernador de Quintana Roo, Pedro Joaquín Coldwel. Se ubica a 7 kilómetros de Playa del Carmen, poblada entonces por unos cuantos miles de habitantes.
Para lograr la aprobación de las autoridades, los promotores del negocio presentaron, entre otros estudios, uno sobre el impacto amabiental que podría tener. Lo elaboró el doctor Luis Capurro, del Cinvestav-Unidad Mérida. El especialista advirtió los inconvenientes de establecerlo en dicho lugar porque afectaría, mar adentro, al arrecife coralino.
Sin embargo, el proyecto fue aprobado y apoyado por los gobiernos estatal y el federal encabezado por Miguel de la Madrid. Sería, aseguraron, una forma de crear empleo local y recursos fiscales al aprovecharse un material que sobraba en la región. Con una duración inicial de 25 años, incluía deforestar mil 200 hectáreas de selva bien conservadas. En 800 de ellas, hacer un hoyo de 18 metros de profundidad utilizando dinamita; además, edificar la terminal marítima que permite sacar en enormes barcos la piedra caliza.
Se construyó primero una darsena utilizando una draga de succión. Tuvo varios derrames de sedimento que afectaron 20 kilómetros de la franja costera. Las denuncias del grupo GEMA motivaron la visita de personal del Banco Mundial que había otorgado fondos para el proyecto. Dicha institución tiene el compromiso de negar créditos a empresas que en países subdesarrollados emprendan proyectos depredadores del ambiente. Como respuesta a las denuncias de GEMA, el banco convino con Calica varias medidas de mitigación. Una, colocar una malla para retener el sedimiento. No la pusieron y el arrecife fue destruido, como lo demostró el doctor John Clark de la Universidad de Miami.
Frente a las constantes denuncias de GEMA en los medios de Quintana Roo y en La Jornada, los directivos de ICA invitaron a los ambientalistas a visitar la zona del proyecto y demostrarles las bondades que tenía en lo social, económico y ambiental. Hice parte de ese grupo. Nos atendió el responsable de las relaciones públicas de ICA en la entidad, Porfirio Patiño. Entre otras cosas, nos aseguró que la zona devastada se convertiría en un atractivo parque natural en beneficio de la población. Asimismo, en Playa del Carmen construirían una moderna unidad habitacional para los trabajadores. Pese a sus alegatos a favor del proyecto, nos quedó claro que las instancias oficiales no lo detendrían y le darían todas las facilidades. Pero tampoco se detuvieron los ambientalistas en seguir denunciándolo, como ilustraré el lunes próximo.
