Madrid. El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, no se sentará en el banquillo de los acusados por la trama de espionaje ilegal que desarrolló la empresa energética, presuntamente por órdenes suyas, para coaccionar y vigilar a las compañías de la competencia, así como para controlar y manipular a políticos, periodistas y líderes medioambientales. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, decidió el sobreseimiento de la causa contra Sánchez Galán, al considerar prescritos los delitos, según la jurisprudencia de los tribunales españoles para este tipo de casos.

El presidente de Iberdrola estaba siendo investigado por haber contratado al entonces comisario de policía José Manuel Villarejo, un agente corrupto que desarrolló una red de espionaje ilegal que le sirvió no sólo para hacerse millonario, sino también para conocer los secretos más inconfesables de los poderosos españoles. Iberdrola lo contrató en 2009 y le pagó por los diversos servicios que realizó alrededor de un millón 200 mil euros (25 millones de pesos).

La investigación de la trama se fue retrasando por las argucias legales de los abogados de Iberdrola y por la propia dinámica de la Audiencia Nacional, un tribunal especializado en crímenes de corrupción, tráfico de drogas y terrorismo.

El caso es que ahora, después de haber realizado numerosas diligencias y escuchado grabaciones en las que se probó que la trama existió, que Iberdrola utilizó el espionaje ilegal para afianzar sus intereses comerciales y destruir u obstaculizar la labor de empresas de la competencia, políticos, medios de comunicación o periodistas críticos y líderes mediombientales preocupados por las consecuencias de sus megaproyectos, finalmente el juez no podrá seguir con la causa y sentar en el banquillo de los acusados a Sánchez Galán.

Según explicó el magistrado español, la imputación de Sánchez Galán se vincula con los proyectos Arrow (de 2004 a 2006) Black Board o B-B (años 2004 y 2005) y los Proyectos Gipsy y Posy (año 2009), cuando ejercía, primero como vicepresidente y consejero delegado de Iberdrola, y después, desde 2006, como presidente de la compañía. Los trabajos, expone el auto, se habrían realizado por Villarejo a través del Grupo Cenyt mientras se encontraba en servicio activo en el Cuerpo Nacional de Policía.

García Castellón justificó el archivo de la causa de Sánchez Galán en el auto de la sección tercera de la Sala Penal en el que los magistrados resolvían el recurso de apelación de otro investigado por delitos de cohecho activo, contra la intimidad y continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular por hechos que tuvieron lugar el mes de marzo de 2009. En ese auto se indicaba la prescripción como circunstancia extintiva de la responsabilidad y el sobreseimiento libre.

El juez García Castellón sostiene que la contundencia de esta resolución no deja margen de actuación a este instructor, quien de forma reiterada había desestimado las solicitudes de sobreseimiento y archivo efectuadas por Sánchez Galán, en diferentes resoluciones.