La junta general ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó ayer una ampliación presupuestaria a la dirección del Registro Federal de Electores (RFE), de poco más de un millón de pesos, para habilitar un centro de supervisión del padrón electoral, con el objetivo de evitar incidentes cibernéticos, como la fuga de datos.

En la sesión de la junta, el titular del órgano interno de control del INE, Jesús George Zamora, manifestó su beneplácito con este tipo de inversiones, pero al mismo tiempo sugirió la elaboración de un reporte sobre la manera en que se resguarda la información personal que los ciudadanos entregan al RFE.

Además, detallar qué medidas ha tomado esa dirección para evitar la intrusión y filtración de la información del padrón, actualmente integrado con los datos personales de 93 millones 831 mil 801 ciudadanos, según la más reciente actualización.

Igualmente pidió se aclare por qué sólo se está pidiendo, en modo unitario, la compra de una persiana con un costo de 172 mil pesos; asimismo, accesorios, teclado, mouse, cantidad una, pero con un costo de 134 mil pesos.

Creo que el instituto ha hecho esfuerzos considerables, pero dadas los incidentes que han sucedido al respecto debe seguir reforzando la materia, consideró.

“Es importante que en esta sesión –o incluso con un engrose en el acuerdo respectivo– se puedan dar antecedentes respecto de cómo la dirección ejecutiva del RFE ha enfrentado esta problemática, ¿qué medidas ha tomado para precisamente evitar la intrusión y filtración de información del padrón electoral?”, señaló.

René Miranda, director general del RFE, informó que se anexarían las sugerencias del contralor; puntualizó que este proyecto tiene como fin implementar medidas de seguridad adicionales para el control de la infraestructura tecnológica y así preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad del mismo.

Mencionó que se detectó la necesidad de contar con un centro de monitoreo del padrón electoral que permita realizar análisis y seguimiento de incidentes en materia de ciberseguridad y protección de la información que la ciudadanía entrega al INE.