ras haber agotado la mitad de su periodo de gobierno, el presidente López Obrador (AMLO) no ha dado muestras creíbles de que su recurrente afirmación sobre el fin de la impunidad en México corresponda a la realidad. Sus inexplicables posturas de sólo promover el juicio moral sobre los políticos sospechosos de alta corrupción en el pasado inmediato, así como su insostenible argumento de no denunciarlos desde su posición para no perder tiempo, representan una claudicación explícita que en muchos sentidos se asemeja al viejo pacto de impunidad. Cierto, el Presidente no es Ministerio Público; sin embargo, y a pesar de sus grandes logros en otros ámbitos de su quehacer como gobernante y de su valiente postura internacional contra la guerra, parece haber olvidado que uno de los motivos de su abultada e histórica votación se encuentra en el deseo ciudadano de erradicar la impunidad, que ha puesto en riesgo la viabilidad de México como nación. En contraste, lo que hemos experimentado es una especie de impunidad selectiva que nos aleja irreversiblemente de cualquier posible transformación. Responsabilizar al neoliberalismo de todas nuestras taras colectivas se ha convertido en un nocivo cliché que, aunado a la falta de autocrítica por parte de la nueva clase política lopezobradorista y de sus fieles, nos lleva a un punto muerto en el terreno de las responsabilidades legales y políticas e impide la urgente recuperación de un país de leyes.

¿En verdad la impunidad ha desaparecido de nuestro país? No sólo están sin castigo grandes saqueadores como Enrique Peña Nieto y otros que en los anteriores gobiernos se enriquecieron y arrojaron a la sociedad mexicana a la precariedad y al subdesarrollo; tampoco encuentran castigo personajes como Felipe Calderón, quien, entre otras atrocidades, entregó el país a la violencia del crimen organizado y lo convirtió en una fosa común. A esta impunidad selectiva y activa de alto nivel se han sumado nuevas agravantes ahora bajo el sello y absoluta responsabilidad de la autodenominada 4T. Uno en particular que ha sido bálsamo para muchos corruptos es el apoyo de AMLO y del Senado a Alejandro Gertz Manero, primer fiscal de la República, no obstante su inexplicable inacción o incompetencia. Otro más grave lo encontramos en la impunidad del gobierno federal al ignorar amparos que van contra sus megaproyectos, principalmente aquellos recursos que han sido otorgados a comunidades y colectivos mayas para intentar detener el ecocidio que representa el mal llamado Tren Maya.

Sin embargo, existe un caso de extrema impunidad que muestra sin concesiones las incongruencias de la 4T en materia de justicia. Me refiero a lo que sucede en San Luis Potosí con el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien arribó al poder estatal con el apoyo del Partido Verde y de la cúpula nacional morenista. No obstante todas las pruebas documentales que desde hace años han aportado los ciudadanos sobre los desvíos de recursos públicos y el enriquecimiento inexplicable de Gallardo Cardona en su trayectoria política, ha predominado la impunidad. A pesar de haber sido excarcelado en 2015 por fallas en el procedimiento mas no por exculpación, partidos como el PRD, el Verde y la dirigencia de Morena se aliaron sucesivamente a Gallardo a cambio de apoyos políticos coyunturales y a costa de la tranquilidad de los potosinos. Pero lo peor ha sido la connivencia de la 4T con Gallardo a sabiendas del historial del personaje y su familia. AMLO candidato fue varias veces informado sobre los pasos de Gallardo Cardona y de su padre, Gallardo Juárez, a quienes llegó a calificar de mafiosillos; sin embargo, AMLO presidente parece haberlo olvidado. Gracias a la insistencia ciudadana, la actual Fiscalía General de la República (FGR) ha conocido toda la documentación sobre los presuntos ilícitos de los Gallardo. Como ya se ha hecho público, la misma Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dependiente de AMLO presentó en agosto de 2020 el análisis de todas las pruebas ante la FGR, a la que solicitó judicializar el asunto. En vez de esto y sin haber sido molestado por la fiscalía, a Gallardo Cardona se le permitió ser candidato, ganar las elecciones y asumir la gubernatura en la más absoluta impunidad. ¿Esta es la justicia de la transformación?

Ni la FGR, como tampoco el gobierno de AMLO con todo y su UIF pueden seguir como si nada estuviera pasando. Lo que podría salvar algo de la 4T en el combate a la impunidad sería la acción de la justicia para llegar a la verdad en este grave asunto. El Presidente tampoco puede seguir fomentando la impunidad activa; se debe pronunciar sobre este caso que conoce muy bien y que representa, hasta ahora, la claudicación a sus más caros principios. El problema es que mientras los ciudadanos esperamos la justicia Gallardo avanza en el sometimiento de los poderes políticos locales y en su alianza con los poderes fácticos, siempre atentos a los negocios al amparo del poder. Que nadie lo dude, lo que sucede en San Luis Potosí se consolida cada vez más como el fracaso más rotundo de la 4T contra la impunidad, con toda la violencia que esto representa.

* Investigador de El Colegio de San Luis