Luego de concluir los informes periódicos rendidos por México ante el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), el organismo advirtió que en el país sigue sin haber políticas y estrategias para incluir a quienes viven en esta condición, lo cual es especialmente grave en el caso de mujeres e indígenas.

Al dar a conocer sus observaciones finales sobre la forma en que las autoridades han aplicado la convención en la materia, el CDPD notó la falta de una estrategia para incluir a esas personas, tanto a nivel estatal como federal.

Por tal razón, el organismo recomendó al gobierno adoptar políticas administrativas y financieras para apoyarlas a vivir de forma independiente y en la comunidad, así como tomar medidas expeditas para poner fin a la institucionalización de ese sector.

De igual forma, enfatizó que las mujeres con discapacidad, particularmente las que viven en comunidades indígenas y se encuentran bajo tutela o en instituciones, tienen acceso limitado a la justicia en casos de violencia basada en género.

Por todo lo anterior, llamó a México a que les brinde asistencia legal y asesoramiento cuando necesiten presentar denuncias, y a erradicar del sistema de justicia estereotipos basados en género y discapacidad, para garantizar que todos los juicios se lleven a cabo tomando en cuenta ambos elementos.

Consultado sobre las observaciones del CDPD, Ernesto Rosas, director de vinculación interinstitucional de la Confederación Méxicana de Organizaciones en Favor de la Persona con Discapacidad Intelectual, estimó que los señalamientos dejan ver la falta casi total de avances en este terreno por parte del Estado.

“El asunto de la desinstitucionalización es una observación que ya existía desde 2014. No se trata de decir ‘mañana ya todos dejan de estar en hospitales o centros de acogimiento’, sino de que se haga todo lo necesario para que quien salga y no tenga familia pueda estar en un entorno adecuado, y de ese trabajo no se ha hecho nada”, lamentó.

A reserva de verlo con más calma, me da la impresión de que el propio CDPD no hizo una revisión de las anteriores observaciones y que debió haber un llamamiento más severo al Estado mexicano.Han sido ocho años perdidos, pues no se avanzó significativamente, más allá de promulgar leyes que no se llevan a la práctica.