Al confirmar irregularidades en sus reportes de gasto de 2020, el Instituto Nacional Electoral impuso multas a los partidos políticos por 687.4 millones de pesos, de los cuales 242.2 millones corresponden a las dirigencias nacionales, 420 millones a los comités estatales y 25 millones de pesos a partidos locales. El 41 por ciento de la sanciones obedecieron a transferencias partidistas ilegales.

El INE identificó estas operaciones irregulares por un monto superior a mil 300 millones de pesos, de los cuales mil 238.7 millones fueron atribuidos a Morena: 372 millones fueron transferidos de los comités estatales a la dirigencia nacional para un fideicomiso destinado a la adquisición de bienes inmuebles, constituido el 29 diciembre de 2019, y 866 millones en los que Morena no justificó la legalidad de la transferencia desde los estados al Comité Ejecutivo Nacional.

El INE ordenó a Morena devolver los recursos del fideicomiso (con excepción de casi 75 millones de pesos que ya gastaron en la compra de inmuebles), a los comités estatales para que éstos, si así lo determinan, puedan constitutir fideicomisos locales con la misma finalidad.

Los diputados morenistas Mario Llergo y César Hernández salieron a la defensa del fideicomiso que fue constituido legalmente. Mi partido consideró necesario crear este fideicomiso para conformar un activo fijo que nos permitiera dotar de las condiciones físicas a cada uno de nuestros comités locales en el país, dijo el primero.

Hernández descalificó los criterios aplicados por el INE para sancionar esta operación, por lo que los llamó de manera decisiva, enérgica y contundente, a velar por el ejercicio de la democracia para que su fiscalización esté por encima de intereses sesgados, particulares o, hasta parece, partidistas. Los fideicomisos son instrumentos para manejar y eficientar recursos, pero no tienen por qué ser eternos.

Las consejeras Adriana Favela y Carla Humphrey consideraron que las aportaciones de los comités estatales al Comité Ejecutivo Nacional no eran ilegales, porque, dijo Humphrey, forma parte del ejercicio de su autonomía. En contraste, el consejero Ciro Murayama afirmó que el INE no sataniza los fideicomisos y las sanciones se imponen porque es ilegal esta transferencia desde los estados.

El partido propició transferencias adicionales de sus consejos estatales al CEN por 866.9 millones de pesos, sin que pudiera comprobar que éstas se encontraban en alguno de los supuestos permitidos. Morena se apropió de recursos que surgieron del financiamiento público local. Si se suma el dinero que absorbió a través del fideicomiso y por las otras transferencias, se llega a mil 239 millones de pesos, agregó.

La defensa de Hernández de los fideicomisos de Morena mereció el cuestionamiento del consejero Uuc Kib Espadas en alusión a las críticas que ha lanzado Morena contra los fideicomisos del INE.

–¿Por qué el fideicomiso para obras del INE es considerado por ustedes un robo a la nación y, sin embargo, el fideicomiso equivalente destinado a adquirir las sedes de Morena es legal y sirve a la democracia?

Hernández apeló a los 30 millones de votos que respaldaron al proyecto de austeridad de Morena y su propuesta de poner fin a privilegios y burocracias doradas.

El consejero presidente, Lorenzo Córdova, sostuvo que la fiscalización ha permitido corregir excesos de los partidos en términos generales: tres partidos concentran 72 por ciento de las sanciones. Si se comparan las sanciones propuestas en 2020 con las aplicadas en 2019, se observa que cuatro de los siete partidos políticos con registro disminuyen sus sanciones en 56 por ciento en promedio.

Las sanciones fueron: Morena, 309 millones de pesos; Partido del Trabajo, 94 millones; PRD, 83.6 millones; PVEM, 52.4 millones; PAN, 48.8 millones; PRI, 54.4 millones, y Movimiento Ciudadano, 14.4 millones de pesos.