Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), organismo descentralizado que a tres años de su creación está envuelto en investigaciones tanto por la administración pública federal como por autoridades judiciales, vio el recorte de un tercio de los recursos que le fueron asignados en 2021, además de que también se preparan un par de auditorías sobre el cumplimiento de su gestión financiera en la compra de maíz y la adquisición de bienes, muestran datos oficiales.

El informe trimestral de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público muestra que el año pasado se aprobaron 10 mil 961.8 millones de pesos para las diferentes funciones que tiene Segalmex, entre ellas operar uno de los proyectos prioritarios de la actual administración: precios de garantía para apoyar pequeños y medianos productores.

No obstante, su presupuesto se recortó a 7 mil 301.5 millones de pesos, 33.4 por ciento menos que el monto aprobado. Mientras, en el ramo de agricultura y desarrollo rural, al que pertenece Segalmex, se aumentó 98 por ciento el presupuesto de Diconsa y 87.5 por ciento a Liconsa, exhibe la información oficial.

De acuerdo con datos de Hacienda, el año pasado Selgamex atendió sólo a 62.2 por ciento de la población objetivo. Es decir, a 110 mil 411 personas de 177 mil 500 que eran la meta.

Pendientes, 20 denuncias

Más allá del incumplimiento para llegar a los productores de zonas rurales, en su corta existencia Segalmex carga con más de 20 denuncias frente a la Fiscalía General de la República, según informó este diario. Además, tiene abiertas investigaciones en la Secretaría de la Función Pública, e incluso la Auditoría Superior de la Federación advirtió que, en su primer año, el organismo no pudo comprobar con documentos el destino de 3 mil 27 millones de pesos, 37 por ciento de lo que se le asignó durante el ejercicio fiscal 2019.

Ahora, para la cuenta pública 2021, y ya con una estela de presuntos manejos irregulares, Segalmex tendrá un par de revisiones más por parte de la ASF: una sobre la gestión financiera de la compraventa de maíz y otra sobre las erogaciones por la adquisición de bienes y prestación de servicios.

Estas dos son apenas una fracción de las revisiones que la ASF tiene planeadas para la cuenta pública 2021.