l presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció ayer un plan de 500 millones de dólares para afrontar la ola de violencia armada que padece el país. El proyecto, que debe ser aprobado por el Congreso, incluye reforzar a las policías con las herramientas, el entrenamiento y la financiación que necesitan, el fomento a las actividades extraescolares para tener ocupada a la adolescencia, así como la creación de oportunidades económicas en las zonas con mayores carencias. El mandatario, quien llamó a decir ya basta a la violencia generada por las armas de fuego, enfrenta un difícil panorama en que es criticado tanto por la izquierda de su partido como por la oposición republicana, y una encuesta de ABC/Ipsos afirma que 69 por ciento de la población desaprueba sus políticas en la materia.

Lo cierto es que la situación de violencia armada en el país vecino resulta alarmante. Un estudio del Consejo de Justicia Criminal indica que el año pasado los homicidios en 22 ciudades aumentaron 5 por ciento respecto a 2020, y 44 por ciento en comparación con 2019, mientras 2021 ha sido el año con más incidentes y heridos por armas de fuego en escuelas, con un caso cada tres días y un muerto a la semana. Cada año, en promedio 3 mil menores mueren y 15 mil son heridos por armas de fuego, cifras sin parangón entre las naciones ricas.

En su discurso de ayer, Biden admitió que para atajar esta crisis lo primero es combatir el tráfico, el flujo de armas, algo evidente en un país en el que adquirir estos instrumentos letales no requiere más que tener más de 21 años, una licencia de manejo y rellenar un formulario, y donde apenas cinco de los 50 estados prohíben la venta de fusiles de asalto a civiles. En tal escenario, la administración demócrata y la sociedad estadunidense podrían verse beneficiadas por la demanda entablada por México contra 11 empresas fabricantes de armamento por diseñar y fabricar armas de guerra, y comercializarlas de una manera que saben que provee de manera rutinaria a los cárteles de la droga en nuestro país.

En efecto, de prosperar el proceso judicial iniciado por el gobierno de México (el cual ya recibió el respaldo de 14 procuradores generales de varios estados, decenas de fiscales distritales de todo el país y varias de las principales organizaciones civiles estadunidenses dedicadas a la prevención de la violencia), las autoridades estadunidenses podrían aprovecharlo como punto de partida para la introducción de reformas al marco legal que pongan freno al desbocado e inmoral comercio de armas. Por su potencial benéfico a ambos lados de la frontera, cabe desear que la demanda presentada por el gobierno federal mexicano logre una sentencia favorable a su propósito de acabar con la negligencia deliberada de los fabricantes y distribuidores de armas, pero también que la Casa Blanca vea en la causa enarbolada aquí una oportunidad para incidir de manera positiva en su propia agenda.