n conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, la Alianza de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para la Efectividad del Desarrollo lanza la Campaña Mundial de Acción contra la Creciente Cancelación de los Espacios Cívicos. El informe de Civicus-2021 muestra que el número de personas que viven en naciones con restricciones significativas a los derechos cívicos, incluidas las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica, asciende este año a casi 89 por ciento de la población.
Por ello la organización DECA, Equipo Pueblo, junto con otras OSC y espacios articulados de la nación, lanzaron el pasado 14 de diciembre la Campaña Nacional por el Reconocimiento de los Derechos de las OSC y un entorno propicio, para impulsar acciones conjuntas y demandar a los actores gubernamentales que respeten el marco jurídico e institucional, así como los mecanismos para la incidencia pública, conseguidos a lo largo de décadas de acción, presión y diálogo político.
En 2019 se integró el Espacio de Articulación de Organizaciones de la Sociedad Civil ante un gobierno que negó la participación sustantiva de la sociedad civil en su proyecto transformador. Ante el descrédito, diversas OSC, redes temáticas y territoriales de la nación analizaron el contexto e impulsaron estrategias para hacerle frente de manera articulada. Entre ellas, la denuncia pública y la integración de propuestas sustentadas que demandan un diálogo por la dignificación de su trabajo y su actuación sin restricciones, respetando el marco legal ganado. Dicho espacio convocó, para la defensa de un entorno propicio, que respeten sus derechos de asociación, expresión, diálogo político e incidencia pública, reconocidos en distintos instrumentos internacionales y en la propia Ley Federal de Fomento de las Actividades Realizadas por las OSC (LFFAROSC), a organizaciones de diversas geografías, temáticas, niveles organizativos y estrategias.
La descalificación del Ejecutivo federal colocó en mayor riesgo a personas defensoras de los derechos humanos, a quienes cuestionan los impactos ambientales de los megaproyectos, a las que promueven la defensa de las mujeres que sufren violencia, entre otras agendas. El llamado de la campaña nacional recuerda que el diseño institucional, el Indesol en particular, y el marco legal, especialmente la LFFAROSC, tienen su origen en una noción de la corresponsabilidad social, entendida como el conjunto de prácticas que diversifican el grado y los ámbitos de participación ciudadana en materia de políticas de desarrollo social y obra pública, que de manera institucional realiza el Estado, e implica una ciudadanía con mayor responsabilidad.
Una de las dimensiones más importantes de las políticas públicas de fomento es el establecimiento de condiciones propicias para la sostenibilidad financiera, en particular un diseño institucional que permita un acceso continuo y eficiente a los recursos públicos y donativos privados, así como un trato diferenciado en materia fiscal, que haga menos gravosa la constitución y operación de las organizaciones. Lamentablemente hoy se repite el escenario de un gobierno que no reconoce sus derechos, por lo que enfrentan diversos desafíos que les obligan a repensar e innovar estrategias de vinculación. A reconocer su diversidad y pluralidad, conservando su autonomía como sociedad civil.
Los escenarios no deseados se cumplieron: El gobierno federal no ha reconsiderado su decisión sobre la cancelación de los recursos públicos para el fomento de las OSC. Tampoco acerca de la descalificación y cierre de espacios de diálogo para la incidencia política. Se acotaron los impactos de procesos y proyectos, además de otras decisiones injustas en el ámbito fiscal, para llegar a la prácticamente desaparición del Indesol.
En el lanzamiento de la campaña se escucharon las voces de otras articulaciones que están por un ejercicio permanente de interlocución para evaluar el contexto y convenir acciones conjuntas que abran el horizonte. Particularmente el Centro Mexicano de la Filantropía, Unidos por los Derechos de las OSC y el colectivo Espacio Cívico, coincidieron en el balance sobre la situación crítica de las organizaciones y distintos movimientos sociales del país, en el contexto de un proceso de continuo debilitamiento del espacio ciudadano: cierre de los financiamientos; cambios en las reglas de operación de programas sociales; debilitamiento de la interlocución política; una narrativa que las desacredita; amenaza de reformas legislativas contrarias a las OSC, que incluso las criminalizan, y la desaparición de instituciones emblemáticas ligadas a su quehacer.
Las estrategias de esos espacios están en proceso, como una liga de cuidado entre ellas, buscando un discurso común que logre que la sociedad las reconozca y les tenga confianza. Protegiendo su reputación y recuperando su legitimidad. Innovando estrategias y considerando la pertinencia de una plataforma nacional, con la convicción de ejercer sus derechos políticos.
