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Líder de colectivo de abogadas vive bajo amenazas en Colombia
 
Periódico La Jornada
Viernes 3 de diciembre de 2021, p. 27

Julia Figueroa va a todas partes con dos guardaespaldas y a bordo de un vehículo blindado. Es la directora de la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, integrada exclusivamente por mujeres, que provee de representación legal a campesinos, comunidades indígenas afectadas por el conflicto armado en Colombia, desplazados y víctimas de crímenes de Estado, además de defender los derechos ambientales al combatir las acciones de compañías mineras y petroleras que buscan extraer recursos a expensas del ecosistema y el agua.

No podrán silenciarnos, afirmó Figueroa al diario británico The Guardian al hablar de la labor del colectivo y de los riesgos que conlleva.

Figueroa enfrenta constantes amenazas y acusaciones falsas de tener nexos con grupos armados. El colectivo se originó en la Universidad Industrial de Santander, la única pública que existe en Bucaramanga, con un grupo de estudiantes de leyes que se unieron en 2001, durante el punto álgido del conflicto armado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Marisol Figueroa, hermana de la directora, se unió al proyecto al igual que otras mujeres ansiosas de contribuir a impartir justicia en materia de derechos humanos entre los sectores vulnerables en el departamento de Santander, y posteriormente en la región de Magdalena Medio, donde tuvieron éxito al ganar un caso en favor de familias que habían sido desplazadas por terratenientes.

Otro asunto que ganó la agrupación es el del páramo Santurbán, un ecosistema del altiplano que provee de agua a 2 millones de personas.

Desde 1994, la minera canadiense Eco Oro Minerals ha tratado de explotar el oro y la plata de la región y obtuvo una concesión, pero el colectivo logró en 2017 que ésta fuera declarada inconstitucional ante un tribunal, decisión que Eco Oro apeló y demandó al Estado de Colombia, por lo que la región sigue bajo amenaza.

Defender el agua es ir en contra de contratos multimillonarios que fueron firmados entre el Estado y las compañías, señaló Julia, quien agregó que el gobierno muchas veces describe a los defensores del medio ambiente como obstáculos del progreso económico.

Añadió que el trabajo de ella y sus compañeras tiene un alto costo en cuanto a su privacidad, libertad de circulación y relaciones personales, por lo que todas ellas toman licencias del trabajo para relajarse y recibir apoyo sicológico, para poder recuperarse y así mantener la integridad del equipo.