Editorial

La condena internacional por malas prácticas judiciales, ordenada en el caso Lion vs. México por el tribunal arbitral asciende a 47 millones de dólares. Como parte de los compromisos contenidos en el Tratado de libre comercio (TLCAN), los juzgadores mexicanos son evaluados fuera del país, aquí con un resultado lamentable. Para que se pudiera probar el estándar internacional de denegación de justicia fue necesario una cadena de errores, dolosos o culposos por parte de los juzgadores, y una labor muy estudiada por parte de los litigantes corruptos.