La evolución digital ha comprometido los derechos y las libertades de los más de 3.8 mil millones de usuarios de Internet en el mundo. Algunos de los riesgos son el uso ilícito de los datos personales y la violación al derecho a la privacidad, señalaron actores de la vida pública nacional.

En la inauguración de la 43 Asamblea Global de Privacidad, convocada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), los participantes alertaron que, sin regulaciones adecuadas, los gobiernos o empresas –Google, Facebook, Microsoft y Amazon, entre otras– que tengan acceso a estos datos tendrán un poder inmenso.

Javier Laynez, ministro de la Suprema Corte, advirtió que el inadecuado tratamiento de los datos personales por parte de las autoridades o de los particulares produce un daño instantáneo e irreparable al honor, la dignidad, la privacidad y en ocasiones hasta a la seguridad misma de las personas vulneradas.

Aunque quepa la posibilidad de indemnizar y sancionar a algún responsable directo e indirecto, los daños son de imposible reparación. Una vez que ilícitamente se difunden esos datos, no hay forma de que se regrese a la situación previa a su publicación. El dato no tiene un lugar seguro al cual regresar, a lo sumo podrá prohibirse que se siga compartiendo, pero existirá siempre un cierto numero de personas (en el mundo) que lo vio y disponen de él.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, afirmó que “la carrera por apropiarse de los datos personales la encabezan las empresas más ricas, cuya principal actividad y negocio es la obtención de esos datos (…) Algunos sostienen que quienes poseen los datos poseen el futuro”.

Señaló que si bien hoy en día el principal uso de esa información es para fines publicitarios, en no poco tiempo tendrá aplicaciones geopolíticas que a largo plazo podría determinar el comportamiento de las sociedades.

La presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, apuntó la necesidad de regular en la materia, ya que las empresas se están apropiando de esa información y eso las está dotando de un inmenso poder.

Está en nuestras manos, como legisladores, regular cómo impactan las nuevas tecnologías a la sociedad. Nos corresponde monitorear sus usos y garantizar que nadie vea mermadas sus oportunidades ni sus derechos al entrar en contacto con estas tecnologías, dijo.

Josefina Román, comisionada del INAI, subrayó que si bien una parte de la sobrerregulación de la industria de la tecnología se ha enfocado a combatir a problemas como el acoso en línea y las prácticas manipuladoras del mercado, otra parte importante ha puesto en riesgo la protección de otros derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a la privacidad.