La indagatoria de la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de 31 académicos acusados por el supuesto mal uso de los recursos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) siguió generando expresiones de rechazo en diversas instituciones educativas, tanto públicas como privadas.

El Consejo Técnico de Investigación Científica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) emitió un comunicado en el que externa su preocupación y manifiesta su rechazo a la desmedida petición de la FGR de girar órdenes de aprehensión en contra de 31 miembros de la comunidad académica y científica de nuestro país.

Luego de destacar que todas las personas señaladas cumplieron su trabajo en el marco de la Ley de Ciencia y Tecnología vigente, el organismo subrayó que son preocupantes las expresiones que desacreditan de manera indiscriminada la actividad científica y académica nacional, poniendo en duda el correcto ejercicio de recursos públicos sin exhibir pruebas de ello.

Por lo anterior, llamó a que las acciones en torno al tema se realicen con estricto apego a derecho y repudió las expresiones infundadas hacia la comunidad académica, que sólo generan desconcierto y polarización en la sociedad mexicana.

De su lado, la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior –de la cual forman parte 112 universidades– se dijo preocupada por la criminalización de actividades administrativas en la gestión pública y la acumulación de supuestos delitos graves en contra de los 31 investigadores señalados por la FGR.

En ese tono, advirtió sobre el inexplicable, grave y creciente sentido de persecución, intimidación y desconfianza que generan las acciones de la Fiscalía, así como su efecto de distorsión y polarización en el sector de ciencia, tecnología e innovación del país.

Por su parte, una treintena de federaciones, asociaciones y colegios de diversas especialidades médicas emitieron un comunicado conjunto en el que califican de inaceptables las acusaciones contra los 31 académicos investigados, al tiempo que rechazamos esta injusta acusación y la desproporcionada orden de aprehensión contra ellos, violando con esto el sagrado principio de presunción de inocencia.

En el mismo sentido, más de 30 miembros de la Academia Mexicana de la Lengua –entre ellos Julieta Fierro, Margit Fren, Gonzalo Celorio, Eduardo Matos Moctezuma y Vicente Quirarte– externaron su solidaridad con los 31 científicos acusados y manifestamos nuestra preocupación por que este tipo de acciones se generalice en perjuicio de la cultura y la ciencia en México.