Luego de que un juez del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, estado de México, negó de manera definitiva órdenes de aprehensión contra 31 integrantes del Foro Consultivo, Científico y Tecnológico (FCCyT), la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que solicitará de nuevo las órdenes de captura por presuntos delitos cometidos con recursos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

El Ministerio Público Federal señaló que las acciones cometidas por los investigadores y ex funcionarios se consideran un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas, así como las pruebas que lo acreditan. La negativa del juez se da a pesar de que los miembros del FCCyT convirtieron la organización en una empresa y “utilizaron recursos federales destinados a la investigación científica para favorecer a dicha firma privada en su compra de muebles, vehículos, inmuebles, salarios y servicios directos.

“Ese criterio no es aceptable para la FGR, ya que un estatuto interno emitido ad hoc por los propios funcionarios del Conacyt, no puede ir en contra de lo señalado por las leyes de Ciencia y Tecnología y la Orgánica del propio Consejo, que son obligatorias para ellos, consideran el foro como un órgano interno de esa institución y no permiten, en modo alguno, que dicha dependencia pueda convertirse en empresa privada y obtenga fondos, beneficios, recursos y salarios del presupuesto público destinado a la investigación científica, utilizando dicho estatuto en contra de las normas ya señaladas, que son de jerarquía superior y obligatoria”.

Fuentes judiciales consultadas dijeron que el impartidor de justicia consideró que el mandamiento no se ajusta a los tipos penales, ya que los académicos sí tenían facultades para recibir el dinero y administrarlo con base en el artículo 38 de la Ley de Ciencia y Tecnología.

La investigación abierta contra los científicos fue iniciada por la Fiscalía Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada y comprende la posible comisión de ilícitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilegal, peculado y delincuencia organizada.

El año pasado empezó una primera investigación, la cual no fue judicializada y surgió a solicitud de la titular del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, de acuerdo con fuentes ministeriales. El asunto habría sido analizado por la Fiscalía Especializada en Delitos Federales y luego se unieron los argumentos a la indagatoria que se judicializó en agosto pasado.