La Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) admitió que hay retrasos relacionados con la apertura y cierre de revisiones conforme lo programado por las medidas que impuso la pandemia por Covid-19.

En su primer informe parcial de fiscalización a la cuenta pública 2020, advirtió que la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores alertó que por los planes y respuestas a la emergencia sanitaria se prestó poca atención a los asuntos relacionados con la gobernanza y la corrupción.

Si bien los órganos de supervisión debieron introducir innovaciones para realizar sus funciones durante esta etapa nunca vista, planteó la necesidad de revisar el marco normativo para ajustarse a los nuevos requerimientos y garantizar así la transparencia y la responsabilidad de las repuestas gubernamentales de emergencia, así como de los paquetes de rescate y recuperación con el fin de prevenir fraudes y corrupción.

El presidente de la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la ASCM, José Luis Rodríguez Díaz de León, de Morena, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México para incorporar el uso de medios electrónicos en los procedimientos de dicho órgano auxiliar del Poder Legislativo local.

Rodríguez explicó que la iniciativa, además de proveer a la Auditoría del marco jurídico para dar certeza y seguridad jurídica en el ejercicio de sus funciones dentro del contexto de la pandemia por coronavirus, contribuye con la adopción de medidas de austeridad, racionalidad del gasto público y con una reducción en la adquisición de insumos.

Asimismo, se cumple con reducir la huella ambiental con la disminución del uso de papel y otros recursos relacionados, además de abonar en la garantía de derechos establecidos en la Constitución local como la de una buena administración y el libre acceso a la información pública.

Para el uso de medios electrónicos que se incorporarán dentro del catálogo de conceptos de la ley, la reforma plantea que sea la misma ASCM la que emita los lineamientos para su uso y fija un plazo de 30 días a partir de su entrada en vigor.

La iniciativa tendría que aprobarse por la comisión que encabeza Rodríguez y por el pleno en un periodo extraordinario en los poco menos de dos meses que restan a la actual Legislatura.