El director responsable de obra (DRO) Juan Mario Velarde Gámez, acusado de homicidio doloso, pagaría entre 20 mil y 60 mil pesos en terapias sicológicas por cada integrante de las familias de las 26 personas que fallecieron en el derrumbe del colegio Rébsamen durante el sismo del 19 de septiembre de 2017.

La sentencia y los montos a cubrir, estimó Mario Alberto García Rojas, abogado de algunas de las víctimas, se conocerán entre el jueves y el viernes, una vez que el juez analice la información proporcionada en las tres audiencias.

Consideró que dichas sanciones serán mayores a las aplicadas a la directora y dueña del plantel, Mónica García Villegas, a quien un tribunal de enjuiciamiento la sentenció a 31 años de prisión y a pagar 400 mil pesos por cada víctima por reparación del daño.

Al término de la segunda audiencia de individualización de pena y reparación del daño que se realizó en las salas orales del Tribunal Superior de Justicia, en el Reclusorio Oriente, recordó que a la maestra se le acusó de homicidio culposo y a Velarde de doloso.

Dicha diferencia tendrá un efecto mayor en la sanción que se aplicará al DRO, a la que se sumarán los testimonios de los padres de familia y de los peritos, lo cual será analizado por el juez, quien, por ley, tiene un día para hacerlo y dar a conocer su veredicto.

Hoy, tercera audiencia

En la audiencia de este martes, precisó, se presentaron dos padres de familia y 14 peritos en sicología, a fin de determinar el daño emocional y sicológico de las víctimas indirectas de los niños y adultos que fallecieron, como son padres, madres, hermanos, hijos o parejas.

Los montos por las terapias que deben llevar oscilan entre 20 mil a 60 mil pesos, comentó, al señalar que en la tercera audiencia, que se realizará este miércoles, se presentarán 16 peritos en sicología, trabajo social, antropología social y proyecto de vidaó.

Recordó que en la primera audiencia, el Ministerio Público solicitó 200 años de cárcel para Juan Mario Velarde, pero el juez será quien defina el tiempo que permanecerá en prisión y el pago total a las víctimas indirectas.