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Se congratula FGJ por el aval a los juicios de procedencia contra Toledo y Saúl Huerta
 
Periódico La Jornada
Martes 6 de julio de 2021, p. 27

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México se congratuló por la declaración de procedencia de desafuero en contra de los legisladores federales Mauricio Toledo Gutiérrez y Benjamín Saúl Huerta determinada por la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, a fin de ejercer acción penal por su presunta participación en los delitos de enriquecimiento ilícito, el primero, y violación agravada equiparada y abuso sexual, el segundo.

Confió en que dicha declaración, solicitada por el Ministerio Público, concluya de manera satisfactoria en el periodo extraordinario de sesiones solicitado por la propia Sección Instructora, a fin de llevar a cabo la discusión del dictamen en el pleno.

El 25 de enero, en un hecho histórico e inédito, la FGJ entregó a dicho órgano legislativo la solicitud de procedencia de desafuero del legislador petista Mauricio Toledo Gutiérrez para proceder penalmente en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito.

La titular de la dependencia, Ernestina Godoy, informó que el 4 de septiembre del año pasado, la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos inició una carpeta de investigación en su contra.

Ello, debido a que encontró un aumento injustificado e inexplicable en su patrimonio, lo que resulta incongruente con sus ingresos reportados, con base en declaraciones patrimoniales, información registral y notarial de inmuebles y estados financieros, indicó.

Tan sólo en sus declaraciones patrimoniales, su remuneración neta fue de 9 millones 406 mil 624 pesos, con lo que existe una diferencia de 11 millones 419 mil 987 pesos, que no declaró, de acuerdo con la investigación realizada por la fiscalía.

Mientras el 27 de abril pasado, solicitó el desafuero del diputado Benjamín Saúl Huerta por su presunta participación en la comisión de los delitos de violación agravada equiparada y abuso sexual en agravio de un menor de edad.

La abogada del menor, Cecilia Calderón, informó en mayo que las autoridades habían emitido una alerta migratoria para evitar que el legislador saliera del país, aunque no sabían dónde se encontraba.