Ginebra. Un total de 59 países, entre ellos Estados Unidos, varios centroamericanos y europeos, condenaron ayer ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Ginebra la violación a los derechos humanos en Nicaragua, nación a la cual instaron a celebrar elecciones libres y exigieron la liberación inmediata de los opositores detenidos.

La disolución arbitraria de los partidos políticos y los procesos penales contra múltiples aspirantes a la presidencia y disidentes son especialmente preocupantes. Pedimos su inmediata liberación, agregaron estos países en el llamado publicado en paralelo a una reunión del Consejo de Derechos Humanos.

El documento no fue firmado por los representantes de México y de Argentina.

Con anterioridad, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció que las aprehensiones de opositores no cumplieron las garantías procesales y han generado un clima de terror que inhibe los derechos a la libertad de reunión, asociación y expresión, de cara a los comicios.

Advirtió de un alarmante empeoramiento de la crisis política y social que atraviesa Nicaragua y señaló que en las circunstancias actuales, en un clima de temor, es complicado que los ciudadanos puedan ejercer plenamente sus derechos en las elecciones del 7 de noviembre, en las que el presidente, Daniel Ortega, aspira a un cuarto mandato.

El gobierno nicaragüense ha negado que exista persecución política alguna, pero Bachelet advirtió de que las detenciones se han ejecutado a partir de conceptos penales ambiguos y sin suficiente evidencia probatoria, al tiempo que denunció graves violaciones de las garantías procesales.

Ante el Consejo, el canciller nicaragüense, Denis Moncada, denunció las acciones injerencistas de Estados Unidos y de las naciones europeas, y defendió que las leyes que se respetan en Nicaragua son similares o iguales a la de cualquier país del mundo.

El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dejó en claro que el gobierno del presidente Joe Biden está alarmado por la situación en la nación centroamericana y advirtió que seguirá usando todos los medios diplomáticos y económicos a su disposición para apoyar al pueblo nicaragüense.

El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos aprobó la iniciativa de la Ley para Reforzar el Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua (ley Renacer), presentada por el demócrata Bob Menéndez y el republicano Marco Rubio, la cual será elevada ante el pleno del Senado.

La propuesta amplía los motivos para sancionar al gobierno nicaragüense y solicita a Biden revisar la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica (DR-Cafta), informó el medio nicaragüense Confidencial.

En tanto, Human Rights Watch llamó a la ONU a incrementar la presión sobre el gobierno de Ortega para revertir la campaña de violencia y represión contra los opositores y asegurar elecciones libres y democráticas en noviembre.

Señaló que los recientes arrestos parecen ser parte de una estrategia gubernamental para eliminar la competencia política, reprimir el disenso y facilitar la relección del presidente Ortega para un cuarto mandato consecutivo.

Hasta el lunes por la noche habían sido detenidos 20 líderes opositores y empresarios, entre ellos cinco aspirantes a la presidencia, dos históricos ex comandante guerrilleros y dos ex vicecancilleres.

El gobierno de Costa Rica llamó a consultas a su embajadora en Nicaragua, Xinia Vargas Mora, sumándose a la decisión de México y de Argentina en ese sentido ante las preocupantes detenciones de políticos.