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Nicaragua: allegados de Cristiana Chamorro acusan que está incomunicada
 
Periódico La Jornada
Viernes 4 de junio de 2021, p. 22

Managua. Cristiana Chamorro, aspirante a la presidencia de Nicaragua, quien fue inhabilitada por el gobierno de Daniel Ortega para participar en las elecciones del 7 de noviembre, amaneció ayer en arresto domiciliario, bajo vigilancia policial e incomunicada, aseguraron sus allegados.

Se llevaron su teléfono y su computadora, también los equipos de su hija Cristiana María Lacayo, quien que está con ella en la casa, y les cortaron el Internet. No sabemos nada de ellas, declaró a la agencia de noticias Ap Arelia Barba, miembro de su equipo de prensa.

Efectivos policiales ingresaron antier a la vivienda de la periodista, de 67 años, hija de la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro, en atención a una orden judicial de allanamiento y detención. Tras casi seis horas de ocupación policial, su hermano, el periodista Carlos Fernando Chamorro, informó sobre el arresto domiciliario.

Cristiana Chamorro dirigió hasta enero pasado la Fundación Violeta Barrios, creada en 1997 para promover la libertad de expresión, la cual cerró operaciones en febrero, presionada por una ley que controla los fondos externos de las ONG. La fiscalía la acusa de lavado de dinero y otros delitos, por presuntas irregularidades financieras, acusaciones que Chamorro niega.

Hace 31 años, su madre derrotó en las urnas a Ortega, quien había gobernado Nicaragua de 1985 a 1990. Algunos analistas y periodistas creen que la historia podría repetirse y que por eso Ortega ordenó bloquear las aspiraciones de Cristiana. Ella también es hija del periodista Pedro Joaquín Chamorro, el director de La Prensa asesinado por sicarios del dictador Anastasio Somoza en 1978. La publicación es ahora un diario crítico del gobierno.

En tanto, relatores de la Organización de Naciones Unidas denunciaron un aumento de los ataques y detenciones arbitrarias de defensores de derechos humanos en el país centroamericano e instaron al gobierno de Ortega a no criminalizar prácticas legítimas como la participación en manifestaciones pacíficas.