El juzgado tercero de distrito en materia de amparo informó al juez de control que debe suspender la apertura de la etapa de juicio oral en el caso de Rosario Robles Berlanga, hasta que se resuelva si la vinculación a proceso por ejercicio indebido del servicio público fue apegada a derecho, y si el delito que se le imputó se encuentra vigente.

Como parte del juicio que se sigue a la ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el juzgado tercero de distrito en materia de amparo notificó al juez Ganther Alejandro Villar Ceballos: dígasele al juez que esté a lo acordado en auto de 23 de noviembre de 2020.

Lo anterior consiste en que, la autoridad judicial que conozca del proceso penal, deberá suspender el procedimiento una vez concluida la etapa intermedia hasta que sea notificada de la sentencia ejecutoria que recaiga en este juicio constitucional, y ello será hasta que el juzgado de amparo determine si no hubo dilaciones en el procedimiento que se ha seguido a Robles Berlanga.

En el proceso de amparo 9863/2020, el juzgado tercero de distrito en esta materia determinó el 20 de noviembre pasado que vista la demanda firmada por María del Rosario Robles Berlanga contra los actos del juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio en funciones de administrador del centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur, por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16, 20 apartado B, 109 y 133 constitucionales.

Presuntas omisiones

Robles Berlanga permanece privada de la libertad en el Centro Penitenciario Femenil de Santa Martha Acatitla desde agosto de 2019 por su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio indebido del servicio público.

La Fiscalía General de la República (FGR) responsabiliza a la ex secretaria de Estado de ejercicio indebido del servicio público y de presuntas omisiones que causaron daño al erario federal por más de 5 mil millones de pesos, razón por la cual solicita una pena de 21 años de prisión.