Chihuahua, Chih., La jueza de control Delia Valentina Meléndez rechazó la petición de declinar a jueces federales la carpeta de investigación 2821/2020 de la Fiscalía General del Estado (FGE) contra la candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a gobernadora, María Eugenia Campos, que incluye a los ex diputados locales Rodrigo de la Rosa y María Ávila, todos acusados de estar en la nómina de sobornos del ex gobernador priísta César Duarte.

Los abogados de Campos pidieron que la justicia federal atrajera la investigación sobre las dádivas que la edil con licencia de esta capital presuntamente recibió de Duarte cuando fue diputada en la legislatura local 2013-2016 y secretaria de la Comisión de Fiscalización del Congreso de Chihuahua.

El ex procurador estatal Francisco Molina, defensor de Campos, argumentó que el presunto cohecho se perpetró con recursos de participaciones federales. Además, acusó a la FGE de inducir un efecto corruptor en la investigación, pues Jaime Herrera, ex secretario de Hacienda estatal y principal operador financiero de la administración de Duarte, es testigo protegido y declara contra Campos.

El asunto es de carácter estatal, resuelve jueza

El Ministerio Público respondió que Molina intenta desacreditar a la FGE y que el asunto corresponde al fuero común, pues el dinero desviado para sobornos era parte del erario estatal.

Agregó que la defensa de la alcaldesa tiene una versión sesgada de los hechos y busca desacreditar las pruebas tachándolas de ilegales, pero la evidencia está notariada.

El Ministerio Público defendió la reserva de identidad del testigo Herrera y acusó a Molina de retrasar la audiencia de imputación contra Campos con tácticas dilatorias.

La jueza de control determinó que el expediente 2821/2020 es un asunto de carácter estatal, por lo que no puede ser turnado a juzgadores federales y debe desahogarse en el distrito judicial Morelos de Chihuahua.

También estableció que la defensa de los involucrados en la nómina secreta de Duarte no puede realizar una contrainvestigación de lo que ya realizó el Ministerio Público, y la identidad de los testigos protegidos debe ser cuidada.