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Aprueban por unanimidad en el Congreso dictamen sobre adopciones en la capital del país

La iniciativa fue presentada por Lilia Rossbach

 
Periódico La Jornada
Viernes 22 de enero de 2021, p. 29

A iniciativa de la diputada de Morena Lilia Rossbach Suárez, las comisiones unidas de Procuración de Justicia y Desarrollo de la Niñez del Congreso local aprobaron un dictamen encaminado a fortalecer los procesos de adopción en la Ciudad de México.

El documento, avalado por unanimidad, establece la obligatoriedad de crear diversas bases de datos de niños cuya situación familiar les permita ser adoptados, de personas interesadas en adoptar, de adopciones concluidas y de adopciones en trámite, ya que, de acuerdo con Rossbach, en la actualidad no existe información ni seguimiento de los menores de edad que son adoptados.

El dictamen también prohíbe las adopciones privadas, que son aquellas en las que no interviene la autoridad; la adopción para fines de venta, sustracción, retención u ocultación ilícita con fines de explotación, o la adopción como forma de compensación o pago.

En caso de violar alguno de los preceptos o de tolerar conductas violentas o de maltrato de menores de edad en condición de ser adoptados, los funcionarios públicos de los centros de asistencia social podrán ser sancionados con multas de hasta 300 unidades de cuenta, es decir, unos 26 mil 886 pesos, o el doble de dicha sanción en caso de reincidencia.

Las comisiones unidas también aprobaron un dictamen para prohibir el matrimonio infantil, incluso con el aval de los padres o tutores, con lo que se elimina la figura de la emancipación derivada del matrimonio del Código Civil local.

En ese sentido, se aprobaron cambios para que el juez del Registro Civil autorice un matrimonio siempre y cuando los contrayentes sean mayores de 18 años, de lo contrario podría ser castigado hasta con el cese de sus funciones.

Antes, las comisiones aprobaron el proyecto de dictamen de la Ley de Justicia Constitucional, que da mayor claridad a los procedimientos y plazos para resolver controversias y acciones de inconstitucionalidad, procedencia y validez del referéndum, así como juicios por violaciones a los derechos establecidos en la Constitución local.