La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que son inconsistentes e ilegales las pruebas que la agencia contra las drogas estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés) presentó en contra del ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda.

En los resultados de su investigación, se menciona la entrega de 10 millones de pesos para financiar un presunto golpe de Estado, versiones que rayan en la estupidez, según respondió Cienfuegos en su declaración ante el Ministerio Público.

Entre las conversaciones entregadas por la DEA se encuentra una fechada el 4 de enero de 2017, que menciona la entrega del dinero, a lo que ex titular de la Sedena respondió que un levantamiento en armas y hasta una revolución es francamente ridículo.

La FGR afirmó que solicitó a las autoridades de Estados Unidos todas las pruebas de su investigación contra Cienfuegos Zepeda, pero como respuesta sólo se enviaron las 743 hojas con transcripciones de los mensajes de texto presuntamente interceptados.

El Ministerio Público indica que dichas comunicaciones fueron intervenidas ilegalmente; por lo tanto, esa información carece del más elemental valor jurídico, está afectada de nulidad y no pueda surtir efecto alguno sobre las personas a las que se les atribuyen.

En el expediente del caso, se afirma que las pesquisas de la DEA comenzaron en 2013, a raíz del seguimiento de las actividades de distribuidores minoristas de heroína que operaban en Las Vegas, Nevada, los cuales eran abastecidos por una organización mexicana con base en Nayarit, cártel que encabezaba Juan Francisco Patrón Sánchez, El H2.

En esa investigación se encontraron mensajes de alguien identificado como El Padrino, quien supuestamente era Cienfuegos Zepeda.

Sin embargo, al cruzar el contenido de dichos mensajes con las actividades públicas del ex titular de la Sedena, la FGR encontró varias inconsistencias.

Por ejemplo, se afirma que El Padrino tuvo una reunión con uno de los cabecillas del cartel de El H2, el 9 de diciembre de 2015, en la Ciudad de México, cuando en esa fecha Cienfuegos asistió a una reunión del gabinete de seguridad en Acapulco, Guerrero.

En dicho encuentro, el representante del cártel describe a El Padrino como un hombre chaparrito y de tez blanca, características que no corresponden al ex titular de la Sedena.

La FGR añade que pidió a las compañías de comunicación celulares los registros de los mensajes intercambiados entre los aparatos involucrados en la investigación de la DEA, cuyos números fueron incluidos en la versión pública, pero éstas contestaron que, con base en la ley, sólo guardan dicha información durante dos años.

Agrega el Ministerio Público que en todos los mensajes de texto las personas que se comunican únicamente se refieren entre ellos mismos por sus sobrenombres, y que la DEA no estableció la identidad real de estas personas: tampoco hubo información fidedigna que remitiera la autoridad estadunidense para identificar a las personas o relacionar personas con apodos.

Finalmente, la FGR afirmó que revisó las declaraciones de bienes del ex titular de la Sedena, investigó algunas de sus propiedades y no detectó ninguna irregularidad.

En resumen, al no existir prueba alguna que demuestre que se reunió, encontró o contactó o que realizó comunicaciones con integrantes del grupo delictivo ya citado que se cataloguen como ilegales o que reflejen la realización de actos al margen de la ley, ni que los haya protegido o ayudado de modo alguno, es procedente entonces establecer que jamás cometió delito alguno.

La fiscalía también pidió a la Sedena todos los registros castrenses y académicos de Cienfuegos, de ellos sobresale que en mayo de 1999, cuando era director del Heroico Colegio Militar, fue arrestado durante ocho días por falta de supervisión y control con los servicios interiores del cuerpo de cadetes y uso inadecuado del armamento orgánico de personal, ocasionando que un cadete se lesionara con un arma de fuego poniendo en peligro su vida.