Editorial
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Miroslava Breach: 1,367 días sin justicia
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lementos de la Policía Federal Ministerial aprehendieron ayer al ex alcalde panista del municipio de Chínipas, Chihuahua, Hugo Amed Schultz Alcaraz, presunto facilitador en el asesinato de Miroslava Breach Velducea. De acuerdo con la investigación realizada por la Fiscalía General de la República (FGR), por conducto de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos (Femdh) y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle, adscrita a la anterior), Schultz habría buscado y entregado información al grupo de la delincuencia organizada que ordenó y ejecutó el homicidio de la corresponsal de La Jornada en esa entidad.

Durante los casi cuatro años transcurridos desde que Miroslava fue privada de la vida el 23 de marzo de 2017, el gobierno estatal, encabezado por Javier Corral Jurado, ha obstaculizado la procuración de justicia y ha revictimizado a la reportera con un tratamiento frívolo del caso, que dio por cerrado el 30 de noviembre de 2018, aunque un día después se retractó mediante un comunicado oficial.

Así, hasta ayer, Schultz Alcaraz permanecía en libertad, pese a que desde diciembre de 2017 se dio a conocer una grabación en la cual Alfredo Piñera, entonces vocero del Partido Acción Nacional en Chihuahua, sugería los vínculos del ex edil con grupos del crimen organizado. En esa misma llamada telefónica, Piñera presionó a Miroslava para que le revelara las fuentes de información de un reportaje que exhibía el reparto de candidaturas de elección popular a integrantes de diversas organizaciones delictivas. La FGR considera ese trabajo periodístico como el móvil del asesinato de nuestra corresponsal.

Por lo dicho, queda claro que la intervención de la FGR era indispensable e impostergable, y en este sentido la aprehensión de Hugo Schultz es un paso esperanzador hacia la justicia. Al mismo tiempo, el avance logrado por la fiscalía federal ilustra de forma desoladora la falta de voluntad de procuración por parte del gobierno de Corral, que podría llegar a obstrucción de la justicia y al encubrimiento de los responsables intelectuales del asesinato de Miroslava. La hipótesis de tal encubrimiento es respaldada por la sistemática indolencia de las autoridades estatales, pero también por episodios como la aparición sin vida de Ramón Andrés Zavala Corral, presunto autor material del crimen, tres días antes del arresto de Juan Carlos Moreno Ochoa, El Larry, a quien se presentó como coordinador de la logística del atentado.

Situaciones como la descrita no son privativas de esa entidad; ocurren en diversos puntos del país al amparo de poderes estatales, municipales y fácticos, y dan sustento a la persistencia de una impunidad elevadísima e inadmisible de los delitos violentos en general, y en particular de las agresiones cometidas contra informadores, muchas de las cuales resultan letales.

Miroslava fue corresponsal de La Jornada en su entidad natal durante 20 años. Pese a la mezquindad de medios y comunicadores que ahora la presentan como si hubiera ejercido su labor en solitario o de manera aislada, nuestra compañera asesinada participaba en un esfuerzo de cobertura periodística íntegra, profesional y valerosa para informar en estas páginas sobre el sufrimiento de los más débiles y desprotegidos, los abusos y extravíos del poder y los fenómenos de descomposición en los puntos del territorio nacional tradicionalmente olvidados por el poder público y por el conjunto de los medios nacionales. Al igual que Javier Valdez, nuestro corresponsal en Sinaloa, asesinado hace mil 314 días, dedicó a esa tarea buena parte de su vida. Las ejecuciones de ambos son consecuencia de tal empeño.

Por eso, este diario es parte agraviada por los crímenes que segaron la vida de Miroslava y de Javier, y recuerda diariamente, en un recuadro de su contraportada, las jornadas transcurridas desde los asesinatos de ambos, aún impunes. Lo seguirá haciendo hasta que se esclarezcan plenamente, y continuará exigiendo día con día justicia para ambos y castigo a los culpables materiales e intelectuales de sus muertes.