San Salvador., A 39 años de la matanza de El Mozote, los deudos exigen justicia. Hemos pedido que paguen con cárcel los militares que ordenaron la cruel masacre, declaró Rosario López, cuyos familiares se cuentan entre las casi mil personas ejecutadas durante la guerra civil en El Salvador (1980-1992).

López tiene 73 años y perdió a 24 miembros de su familia en esa matanza.

Han pasado casi cuatro décadas y la justicia nunca la vemos, declaró.

Entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981, soldados del ahora proscrito batallón Atlacatl del ejército, entrenado por Estados Unidos, ejecutaron –según cifras oficiales– a 986 personas, entre ellas 558 niños, en El Mozote y comunidades adyacentes del noreste de El Salvador, por sospechar que colaboraban con la entonces guerrilla izquierdista del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Otras 712 personas sobrevivieron el ataque y huyeron de la zona. Sus viviendas fueron quemadas. Días más tarde regresaron a la zona a sepultar a los muertos en una fosa común.

El director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, José María Tojeira, instó a los salvadoreños a sumarse al clamor popular para que se juzgue la masacre, porque sólo la justicia y la verdad pueden reparar una brutalidad tan impresionante.

El presidente de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote, Óscar Leonel Tobar, lamentó que el ejército salvadoreño se haya negado a entregar archivos de la matanza al juez del caso en un tribunal de la ciudad de San Francisco Gotera, departamento de Morazán.

El abogado defensor de las víctimas, Wilfredo Medrano, declaró a la Afp que los militares optaron por mantener la impunidad, pero se declaró confiado en que el juicio de El Mozote, que tiene abundante prueba científica, testimonial y documental, entre en su fase final en 2021.

Durante 35 años la matanza permaneció en la impunidad hasta que en julio de 2016, la Corte de Justicia salvadoreña declaró inconstitucional la amnistía que perdonó en 1993 las atrocidades de la guerra civil, que dejó más de 75 mil muertos.

En 1993, una comisión creada por la Organización de Naciones Unidas para investigar crímenes de la guerra culpó de la masacre a un grupo de militares, en el que figuran el comandante del batallón Atlacatl, el coronel Domingo Monterrosa, y su jefe de operaciones, Armando Azmitia.

Monterrosa y Azmitia murieron el 23 de octubre de 1984 al caer el helicóptero en el que viajaban, a cinco kilómetros de El Mozote, tras ser derribado por la guerrilla.