a pieza central del régimen inaugurado en 1997 fue el sistema de partidos: Revolucionario Institucional, Acción Nacional y en ocasiones un segmento del de la Revolución Democrática. Ese sistema de partidos se desfondó en 2018.
El desastre. Durante 15 años el régimen de la alternancia operó –Silva Herzog Márquez dixit– como un enjambre de vetos. Incapaces de converger en un programa mínimo de gobierno, lo que animaba a los tres partidos era un enraizado impulso plebiscitario que conducía sólo a acuerdos coyunturales a la espera de que alguno de los tres ganara, por sí solo, la mayoría de las fichas en las elecciones presidenciales. El resultado fue la administración de la decadencia y un Estado que era, en sentido estricto, un no-Estado. En vez de pluralismo, faccionalismo y fraccionamiento institucional. La división de poderes se convirtió en la división al interior de los poderes y lo que emergió fueron franjas institucionales colonizadas por distintos poderes fácticos. Cada uno jalando agua para su molino. Ese caleidoscopio de intereses encontrados se mantenía pegado en buena parte por la corrupción.
Las elecciones de 2018. Una mayoría de los electores decidieron apoyar a AMLO, rechazar la trilogía partidista y superar la idea de gobiernos divididos. Para ello le dieron a AMLO mayorías legislativas. Las implicaciones –no necesariamente evidentes para todos los electores– fueron dos: las posibilidades de armar coaliciones para reformas constitucionales, y un amplio espacio legislativo para realizar reformas jurídicas y diversos nombramientos que requieren ser aprobados en el Congreso por mayorías simples.
Una oposición reactiva. Uno partido desfondado carece de estrategia para ganar elecciones y capacidad para gobernar. No quiere decir que se vacían de electores y de adherentes. Lo ha demostrado el PRI en las elecciones de Coahuila e Hidalgo. Y también el PAN. Como cualquier moribundo las inercias siguen actuando. El trío del régimen de la alternancia simplemente puede involucionar hacia partidos regionales, como lo son ahora el Verde, el del Trabajo y Movimiento Ciudadano, y como serán seguramente los aprobados para la contienda del año próximo vinculados a Monreal, a la profesora y a los evangélicos. Las alianzas que se están cocinado en la oposición tienen un fin: obstaculizar a AMLO. Se pueden vestir de apóstoles de la democracia, pero su propósito es reactivo. Dificílmente contribuirán a gobernar porque carecen de un afán propositivo. Pero más difícil es que ganen de manera significativa en las elecciones próximas sea en el ámbito del legislativo federal o en el de los ejecutivos estatales. Carecen de la voluntad de ganar.
Los titiriteros. Son las organizaciones empresariales que alientan la formación de esa oposición reactiva quienes quieren ganar y, si se pudiera, también arrebatar. Algunos, los más poderosos, no parecen haber sido seriamente afectados en sus intereses. Ninguna medida expropiatoria, ni siquiera una reforma fiscal moderada como la de Peña Nieto.
Pero para un segmento de pequeños y medianos empresarios –generalmente base social del panismo cuando no del sinarquismo– temas como aborto, matrimonio igualitario, uso recreativo de la mariguana y, además, un discurso lleno de imprecaciones contra los ricos como oligarquías y fifís, eso sí que calienta.
El empresariado más diverso, complejo y fraccionado siempre ha tenido una relación tensa y en todo caso asimétrica con el Estado: todo para miguelito. De lo que ha carecido ese conjunto de hombres de negocios grandes y pequeños es de un propósito hegemónico, una intención de gobernar. En el mejor de los casos mandan a sus gerentes.
Intermediaciones. Partido políticos y organizaciones empresariales son indispensables para gobernar y no sólo en la democracia. Pero sí particularmente en ella. Falta aún revisar qué fue de las organizaciones gremiales de obreros, campesinos, profesionistas y técnicos.
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