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Viola gobierno de BC resolución sobre contratos de energía
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 9 de diciembre de 2020, p. 39

Mexicali, BC., El gobierno de Jaime Bonilla incumplió la resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) que le impide formalizar un contrato de suministro de energía eléctrica para el acueducto Río Colorado-Tijuana, firmado con la empresa Orden Cardinal Energy, hasta que revise la cancelación anticipada que aplicó a la compañía regiomontana Suministro Sustentable de Energía en México (Sumex).

Por medio del oficio Gestión de Energía 11-118/2020, Sumex enteró al mandatario morenista del decreto de suspensión provisional emitido por el tribunal federal tras cumplirse las 72 horas que le concedió para presentar un informe sobre la cancelación. La empresa anexó el dictamen judicial firmado por la secretaria de actas en funciones de magistrada Clemencia González.

En ese documento, advirtió que de incumplir con el informe procedería a dictar resolución definitiva en cinco días, lapso que concluye este viernes.

La compañía recurrió a tribunales para hacer valer las cláusulas referentes a la cancelación anticipada del contrato, que implica una penalización millonaria.

La administración de Bonilla contrató en mayo a Orden Cardinal Energy, vinculada con la familia Salinas de Gortari, para facturar 100 millones de pesos mensuales por el servicio. Además, en agosto solicitó al Congreso local su aval para firmar un contrato por 30 años con otra compañía que construirá una planta de energía solar que proporcione electricidad al acueducto y a dependencias gubernamentales.

El contrato lo obtuvo otra empresa en septiembre, vía licitación, pero podría cancelarse ante una eventual suspensión definitiva en favor de Sumex. En caso contrario, la administración morenista estaría obligada a indemnizar a la firma afectada .

Una fuente de Sumex confirmó que están en litigio con la administración encabezada por Bonilla Valdez por la cancelación unilateral del contrato de servicios en el segundo trimestre de 2020 y demanda al mandatario que cumpla con la medida cautelar impuesta por la primera sala regional del noroeste del TFJA.

De esta manera, se protege el contrato firmado en 2017 y cancelado en forma intempestiva, lo que ocasionó que se acumularan tres mensualidades vencidas. Nos pareció un despropósito, porque a principios de año el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, firmó un convenio modificatorio del contrato que después cancelaron.

La tarifa de Sumex por kilovatio/hora es de 1.32 pesos fija durante todo el contrato, y la que paga ahora el gobierno es de 1.72 pesos.