Capital
Ver día anteriorMartes 24 de noviembre de 2020Ver día siguienteEdiciones anteriores
Servicio Sindicado RSS
Dixio
Asociaciones piden se reponga proceso en el Instituto de Planeación
 
Periódico La Jornada
Martes 24 de noviembre de 2020, p. 40

Las asociaciones Mexicana de Urbanistas, la de Ingenieros y Arquitectos de México y el Colegio de Arquitectos solicitaron al Congreso local reponer el proceso de nombramiento del titular del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, así como poner a consideración del pleno la terna completa propuesta por el comité de selección.

Juan Kaye López, Susana Miranda y Ricardo Rodríguez, respectivos presidentes de las organizaciones, enviaron una misiva a los diputados en la que mostraron su extrañamiento e inconformidad con el proceso de elección, el cual representa una violación sistemática a la Constitución de la Ciudad de México y a la Ley de Planeación Democrática y Prospectiva.

Recordaron que en los artículos 19 y 20 de dicho ordenamiento se establece que el director del instituto debe ser nombrado por mayoría calificada del Congreso a partir de una terna propuesta por el comité de selección, por lo que rechazaron el proceso que se realizó en la Comisión de Normatividad –encabezada por diputados de Morena–, en la que se designó a Pablo Benlliure, actual director de Planeación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.

Los especialistas afirmaron que no hubo objetividad, imparcialidad ni legalidad en el proceso, ya que seleccionaron a un funcionario que recibió el apoyo manifiesto y respaldo de la jefatura de Gobierno, previo a la discusión y aprobación del dictamen.

Con el objetivo de salvaguardar los principios de transparencia, máxima publicidad, objetividad, imparcialidad y legalidad requeridos, se solicita a ustedes sea puesta a consideración del pleno la terna enviada por el comité de selección, desechándose el dictamen al ser violatorio del texto constitucional.

La elección de Benlliure ha sido objeto de críticas entre vecinos y activistas, quienes consideran que el funcionario tiene un conflicto de intereses con empresarios del sector inmobiliario.