Existen numerosos ejemplos que demuestran cómo los centros de rehabilitación irregulares llamados anexos son espacios donde muchas personas se exponen a sufrir diversas agresiones y en los cuales tendrían que realizarse obligatoriamente diligencias de búsqueda de desaparecidos.

Un botón de muestra es la historia de Juan Carlos N, originario de Celaya, Guanajuato, que permaneció durante 11 años en un centro de rehabilitación ubicado en Mazatlán, Sinaloa, donde en algún momento llegó a pedir comida, pero se quedó hasta que en septiembre de 2009 fue identificado, luego de recibir tratamiento médico que lo ayudó a recordar su identidad.

En abril de este año la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas del estado de Jalisco reportó que, al realizar un operativo en un anexo ubicado en el municipio de Poncitlán, ubicó a una mujer y a un hombre que estaban reportados como desaparecidos desde mediados de 2019.

También en Jalisco, el pasado marzo, familiares encontraron con vida en un centro de salud mental, del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, a un joven identificado como Adolfo, originario de Veracruz, quien consiguió reunirse con su familia luego de pasar dos años y medio en calidad de ausente.

Otras víctimas no fueron tan afortunadas: Ángela Saucedo Elizondo, de 15 años de edad, murió en febrero pasado luego de que los dueños de un centro de rehabilitación ubicado en Santa Catarina, Nuevo León, abusaran sexualmente de ella y le administraran medicamentos riesgosos sin receta.

Las instalaciones de varios anexos también han sido lugar de hechos trágicos como desapariciones y ejecuciones masivas. En diciembre de 2019, un grupo de hombres armados ingresó a un centro de recuperación en Irapuato, Guanajuato, y privó de la libertad a 23 personas que se encontraban ahí, de las cuales 10 permanecen desaparecidas.

Hechos delictivos

También en Irapuato, el primero de julio de 2020 un comando de agresores irrumpió en un centro de rehabilitación que operaba en clandestidad y asesinó a 28 de los hombres internos, en lo que significó el cuarto ataque del mismo tipo desde finales del año anterior.

Para Valentina Peralta, coordinadora de la Red Eslabones por los Derechos Humanos, los anexos no sólo son sitios en donde los dueños lucran con los pacientes sin tener ningún método de desintoxicación, sino que muchos de ellos participan de forma deliberada en la comisión de delitos graves, entre ellos la tortura, la desaparición, el ocultamiento de delincuentes, la trata de personas y el reclutamiento forzoso para grupos criminales.

Son lugares cerrados, de ingreso y salida no voluntarias, como una especie de prisión clandestina donde se genera una autoridad y una estructura de poder paralelas, donde las personas son víctimas de múltiples vejaciones, agresiones sexuales, golpes, tortura, trabajos forzados y privación de alimentos y de agua, alerta.

Ante dicho panorama, afirmó la activista, es necesario que las autoridades comiencen a aplicar ya el Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas (PHB) –aprobado en agosto pasado–, pues contempla la obligatoriedad de que entidades oficiales supervisen todos los espacios donde una persona pueda estar confinada en contra de su voluntad.

El PHB, recordó, establece cinco estrategias de búsqueda que deben ponerse en marcha para dar con las personas desaparecidas, entre ellas la generalizada; es decir, la que se realiza no para buscar a una persona en particular, sino que se hace en espacios donde puede haber muchas otras víctimas, como lugares de explotación sexual, cárceles, hospitales y clínicas de rehabilitación, además de fosas clandestinas.

La búsqueda generalizada justifica la visita sin aviso previo a estos lugares, acompañados de la fuerza pública, porque “sólo así los dueños (de los anexos) se darían cuenta de que no tienen campo libre”, aseguró.