Representantes de cuatro grupos disidentes al interior del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) denunciaron que hay un serio conflicto de interés de la secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, que frena todo intento de democratizar ese organismo que desde hace 44 años encabeza Francisco Hernández Juárez.

El padre de la titular de la dependencia responsable de la política laboral del país, Arturo Alcalde Justiniani, es asesor desde hace muchos años de Hernández Juárez y ello ha influido en favor del dirigente vitalicio del STRM, comentaron José del Refugio Cano y José Montealegre, del Frente Telefonista Alternativo.

Expusieron que la secretaria Alcalde Luján avaló la más reciente relección, la número 14, de Hernández Juárez, pese a que fue un proceso desaseado, plagado de irregularidades, que de nueva cuenta violó los estatutos del STRM, en los que está prohibida la relección, y la cual se llevó a cabo sin cumplir con el decreto de emergencia sanitaria, por lo que se puso en riesgo la salud y la vida de los telefonistas.

En conferencia de prensa, Benito Méndez Castro, de la corriente Telefonistas Construyendo Futuro y Francisco Núñez, de Renovación Democrática Telefonista, comentaron que aunque formalmente Arturo Alcalde no aparece como asesor jurídico del STRM, tiene una relación añeja con Hernández Juárez y en los hechos lo asesora en materia sindical, e incluso apareció en la reciente elección.

De ahí que, coincidieron, todo indica que Alcalde influye en las decisiones de su hija. De otra forma, resaltó Francisco Núñez, no se explica que la titular de la STPS actúe de forma distinta en el caso del sindicato telefonista, si se compara con el caso del sindicato petrolero, en el que estableció reglas y condiciones para la elección.

Los representantes de la disidencia telefonista precisaron que han interpuesto varios recursos contra la toma de nota a Hernández Juárez, la última ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y están en espera del resultado, aunque en la página de la Dirección de Registro de Asociaciones de la STPS se establece ya que va a seguir como secretario general del Sindicato de Telefonistas hasta 2024.

Expresaron asimismo que pese al discurso de Luisa María Alcalde sobre los alcances de la reforma laboral en materia de democracia sindical, ésta no llegó al STRM, donde se mantiene el cacicazgo de Hernández Juárez, que convirtió el sindicato en un negocio familiar, en el que están sus hijos y hermanos y donde se ha mantenido más de cuatro décadas en el cargo a base de reprimir a los disidentes. Hay más de cinco mil sancionados por mantener posiciones contrarias, dijeron.

Los más recientes, detallaron, son los que denunciaron los vicios del proceso electoral reciente. Dos de ellos en Yucatán, sin derechos por siete años, además de impedirles que se jubilen. En Monterrey, agregaron, se sancionó a dos jubiladas, Rosa Verónica Varela y Rosa Elva Trujillo, por defender uno de los derechos más importantes, que es el de la jubilación.

Méndez Castro detalló que Hernández Juárez ha permitido que en los dos últimos años Teléfonos de México no haya repartido utilidades a los trabajadores, la sustracción de materia de trabajo del sindicato, que realizan subcontratistas, como es el caso de Infinitum y en general ha cedido a todas las imposiciones del empresario Carlos Slim, en detrimento de los derechos contractuales.

Lo último que ahora pretenden, destacó Cano Miramontes, es obligar a los trabajadores a ceder parte de su jubilación por un paquete accionario de Telmex, bajo el argumento de que hay un pasivo laboral.

Advirtieron que como lo han hecho desde hace décadas, van a realizar marchas, plantones y a insistir ante el presidente López Obrador en ese conflicto de interés de la secretaria Luisa María Alcalde, porque no puede ser que sigan los vicios que imperaron en gobiernos anteriores.