Pemex Exploración y Producción (PEP) no pudo aclarar inicialmente el destino de 3 mil 549 millones 945 mil pesos en la construcción de ductos en la Sonda de Campeche, en aguas territoriales del Golfo de México, cuyos consorcios ganadores fueron anunciados entre abril y agosto de 2018, último año de la pasada administración, de acuerdo con la revisión de la Cuenta Pública de 2019 efectuada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Los resultados auditados de 2018, antes de la entrada de la actual administración, dan cuenta que se realizó una programación inadecuada de los trabajos, ya que desde el inicio del contrato 640858804, asignado al consorcio Hoc Offshore/Arendal, se ha prorrogado el programa calendarizado de ejecución general debido a que no se contaba con la disponibilidad de las plataformas Xikin-A y Xanab-D, lo que ocasionó un aumento de 90 por ciento al plazo de ejecución de los trabajos.

En otro contrato, el 640858806, también del consorcio Hoc Offshore/Arendal, los trabajos se suspendieron parcial y temporalmente durante 166 días naturales por la falta de disponibilidad de la plataforma Kuil-C, donde se ejecutarían los trabajos del contrato, establece la revisión.

El dictamen de la ASF, emitido el 16 de octubre de 2020, señala que se realizaron modificaciones en los finiquitos de los contratos de obra sin evidencia documental que justifique las autorizaciones de incremento.

Además, se omitió supervisar y revisar el cumplimiento de las aportaciones al programa de apoyo a la comunidad y al medio ambiente (PACMA) en la forma convenida.

La revisión que amparan los servicios de ingeniería, procura y construcción de ductos en la sonda de Campeche, involucra además a otros consorcios como Permaducto/Arrendadora SIPCO e Inversiones Industriales Corporativas; SapuraKencana Mexicana; ProFluidos/ Perforaciones Marítimas Mexicanas/Consorcios Industriales de Monterrey y Promotora Petrolera Regiomontana.

Al fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se programaron, presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación y normativa aplicables, se determinaron 3 mil 549 millones 945 mil 850.26 pesos pendientes por aclarar.