Con el argumento de que necesitaban consultar el expediente, voceros de la Fiscalía General de la República (FGR) señalaron que sería hasta este martes cuando estarían en posibilidades de confirmar o negar las versiones que circulan en el sentido de que Emilio Zebadúa González se convertirá en testigo colaborador en el caso que se sigue contra Rosario Robles Berlanga.

Zebadúa González fue el oficial mayor de Robles Berlanga, tanto en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) como en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y figura en las pesquisas del caso como quien firmó la mayoría de los contratos fraudulentos, con los que se desviaron más de 5 mil millones de pesos del erario.

Se trata del caso conocido como la estafa maestra, donde se asignaron proyectos a universidades públicas, los cuales nunca se concretaron, pero sí se pagaron.

Por este asunto, la FGR inició más de 20 carpetas de investigación que involucran a 60 ex funcionarios; además de Robles hay cuatro imputados vinculados a proceso.

La Jornada publicó desde agosto de 2019 que existían versiones de que Zebadúa y Ramón Sosamontes, otro coacusado, buscaban ser testigos colaboradores, a lo cual el entonces abogado de la ex funcionaria, Julio Hernández Barros, afirmó que no tenía conocimiento de esas negociaciones.

Los funcionarios de la FGR consultados a través de las vías institucionales, tampoco quisieron descartar la posibilidad de que se concretara ese acuerdo.

Fuentes de la actual defensa de la ex funcionaria afirmaron que no han sido informados del posible acuerdo FGR-Zebadúa.

La defensa debe ser enterada de cualquier testigo colaborador que se integre en el caso contra su clienta, pues sería un elemento superveniente al proceso, y porque con anterioridad ellos mismos habían solicitado que el ex funcionario fuera testigo de descargo.

De confirmarse que será testigo colaborador, el acuerdo debe concretarse en audiencia judicial, donde la FGR tendría que solicitar al juez de la causa que se aplique el criterio de oportunidad, previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, para que la acción penal contra Zebadúa se cancele, a cambio de que revele datos sobre los implicados en esta estructura delictiva, el papel que jugó cada uno de ellos y cuál fue el destino final de todo el dinero que defraudaron del erario federal.