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Proponen diputados integrar fondo de desastres con remanentes del gobierno
 
Periódico La Jornada
Jueves 15 de octubre de 2020, p. 37

Diputados del Congreso de la Ciudad de México propusieron sustituir el Fondo de Prevención de Desastres (Fopde) por el Fondo de Atención a Desastres y Emergencias (Fonaden), el cual se integraría con 30 por ciento de los recursos remanentes de la administración pública local.

El dictamen que analizan las comisiones unidas de Administración Pública y Gestión Integral de Riesgos propone que el Fonaden sea destinado a atender contingencias, emergencias epidemiológicas y desastres naturales.

Para este fin, el gobierno capitalino establecerá las bases para recibir, distribuir y aplicar, de acuerdo con las prioridades, los donativos y remanentes que integran el fondo.

En caso de una declaratoria de emergencia, la autoridad central, e incluso las alcaldías, podrán erogar, con cargo al fondo, los montos necesarios para atender de manera inmediata las necesidades de la población.

El plazo para tener acceso a dichos recursos no será mayor a 30 días contados a partir de la declaratoria. En caso de que el fondo se haya agotado, el gobierno capitalino podrá hacer las transferencias de partidas que correspondan para la atención.

El presidente de la Comisión Integral de Riesgos, Héctor Barrera, opinó que es necesario especificar los alcances del fondo porque los desastres y emergencias en la ciudad no se limitan a sismos y/o inundaciones, sino biológicos y químicos que deben ser atendidos.

El dictamen correspondiente al paquete de reformas que envió la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, incluye una nueva clasificación de bajo, mediano y alto riesgo para establecimientos mercantiles, los cuales deberán tramitar un estudio de riesgo. En el caso de los inmuebles con superficies de entre 5 mil y 10 mil metros cuadrados, los interesados deberán presentar dicho estudio antes del otorgamiento de la manifestación de construcción tipo C.

Asimismo, estos inmuebles serán objeto de verificaciones aleatorias y visitas extraordinarias para comprobar el cumplimiento de la ley, de lo contrario serán objeto de sanciones administrativas, desde multas económicas hasta la suspensión de registro.