La Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la Ciudad de México dirigió su primera recomendación del año al Instituto de Vivienda y a Servicios Metropolitanos para que garanticen el derecho a la vivienda de 91 personas que habitan en la unidad habitacional Cuchilla del Moral I, ubicada en Iztapalapa.

A casi 35 años de que fueron construidos los 240 departamentos, sus poseedores carecen de escrituras, no son dueños del terreno y deben más de 600 mil pesos por gastos de administración a Banamex, por lo que enfrentan el riesgo de ser despojados, defraudados o invadidos.

Se trata de ex trabajadores de la desaparecida Ruta 100, del periódico Excélsior o del Departamento del Distrito Federal que pagaron créditos de 10 o 20 años al Fideicomiso de Vivienda, Desarrollo Social y Urbano (Fividesu) y no tienen un papel que avale su propiedad.

La presidenta de la CDH, Nashieli Ramírez Hernández, informó que las autoridades tienen un plazo máximo de 15 días para aceptar dicho instrumento y realizar las gestiones para atender los pendientes administrativos con la institución fiduciaria.

Además, establecer un mecanismo para lograr la transmisión de la propiedad del predio a su favor y accedan a la escrituración de sus viviendas, y se realice la división del pozo agrícola oriental 7, que ahí se encuentra.

De esta manera, se contará con un nuevo avalúo de la superficie y de la subdivisión para que se asiente en el Registro Público de la Propiedad y se dará certeza jurídica a las familias, lo cual no disfrutarán 23 poseedores, quienes ya fallecieron y no queremos que ese número aumente, dijo.

Zamir Andrés Fajardo Morales, tercer visitador de la CDH, recordó que en 2004 el Invi informó que había localizado los 240 expedientes individuales y concluiría con el proceso de escrituración, lo cual no sucedió.

En 2019 les informaron que el problema radicaba en que el predio era de Servimet y el costo de suelo no estaba incluido, por lo que 91 víctimas directas acudieron a la CDH al fallarles el Invi en garantizarles una vivienda.

De los residentes actuales, 73 por ciento son adultos mayores y 55 por ciento mujeres que carecen de una escritura para gravar, vender, heredar, acceder a créditos para mejoramiento o estar expuestos a una mayor carga probatoria ante sismos o daños de propiedad, afirmó.