n el año 2018 se inició una nueva etapa del desarrollo político de México, con la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador. Su triunfo mayoritario creó una fresca expectativa para la clase trabajadora, para las personas más humildes del país y una nueva ansiedad para los hombres y mujeres más ricos del territorio nacional. Para las mayorías se despertó una esperanza renovadora de que finalmente se abría la posibilidad de detener o frenar su frustración por la falta de oportunidades, a la vez que por la creciente desigualdad y una corrupción generalizada que habían cancelado la vida y el futuro de millones de mexicanos que veían crecer la opulencia, sin derecho a participar mínimamente de sus beneficios.
Cuando se tomaron las primeras decisiones desde diciembre de 2018 y a lo largo de estos dos años de la presente administración, los ciudadanos más abandonados comenzaron a creer de nuevo en que finalmente las puertas del paraíso y el cambio hacia un mejor nivel de vida podía ser una realidad. Algunas dudas aparecieron, pero en el conjunto se comenzó a desarrollar un optimismo pocas veces visto que anunciaba la aparición de la justicia tantas veces esperada y de la democracia y libertad para defender sus derechos, sin que se les reprimiera o se vetara su participación.
Por otra parte, la cancelación de proyectos ostentosos y ofensivos creó un pesimismo desatado entre los más altos niveles de riqueza en la sociedad. Cancelar el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, cuando ya todo estaba acaparado y controlado por un segmento muy pequeño de la sociedad, que se estaba beneficiando descaradamente de su relación con los núcleos políticos del más alto nivel, del tráfico de influencias y de la información confidencial que daba acceso a los grandes privilegios para unos cuantos. Lo mismo sucedió con la venta del excesivo gasto en el avión presidencial, del cierre de las oficinas presidenciales de Los Pinos y la corrección de otras excentricidades más.
La respuesta del sector privado nacional fue difundir una idea equivocada alrededor de que esas medidas aumentaban la incertidumbre empresarial y casi de la mano armaron una estrategia para crear la falsa idea de que en México con esas medidas nacionalistas no existían condiciones para invertir. Por tanto, se decía, era más conveniente esperar tiempos mejores que generasen la confianza de los inversionistas, mediante la cancelación de las nuevas propuestas gubernamentales o del cambio de este modelo, a lo que se sumó la presión que comenzaron a ejercer los intereses adversos para apostar al fracaso de la nueva política económica que les quitaba o cancelaba su posición de privilegios acumulados y fortalecidos durante las administraciones y gobiernos anteriores.
Mediante el diálogo constante con el gobierno y la política de puertas abiertas se desarrolló una nueva etapa de optimismo moderado, pues los empresarios gradualmente retomaron la tranquilidad, particularmente después de la aprobación y ratificación en el Senado de la República, del nuevo Tratado de Libre Comercio a partir de diciembre de 2019. Con ello, parecía que entraríamos a esa etapa moderna de la apertura, la cooperación y el crecimiento del optimismo gubernamental y empresarial, que el propio López Obrador y los gobiernos de Canadá y Estados Unidos se encargaron de fomentar y fortalecer.
Parecía que el entusiasmo renacía y por fin se iniciaba a principios de 2020 una escenografía moderna creada sobre los estímulos a la inversión privada, nacional y extranjera, para buscar un mayor beneficio y seguridad al capital. Lo importante no era ya el egoísmo, sino la conveniencia de elaborar modernos proyectos para invertir solos o en sociedad bipartita. Sin embargo, todo eso se frustró cuando surgieron la pandemia y la crisis sanitaria que frenaron definitivamente el entusiasmo que se convirtió en congelamiento y retroceso en muchos sectores de la economía nacional.
Las consecuencias del freno a los proyectos que apenas se anunciaban comenzaron a provocar la caída brutal del empleo a niveles alarmantes de más de un millón de los formales y 8 o 9 millones de los informales. Con una reducción tan dramática de la ocupación, todo lo que se había avanzado, aun con muchas dificultades, vino de nuevo a retroceder.
Hoy, apenas hace unos días, el sector privado nacional vuelve a anunciar la reactivación del Plan de Inversión en Infraestructura junto con el sector público, detenido desde que comenzó la pandemia.
Los proyectos de infraestructura pública, 39 en principio, tendrán una inversión privada de 50 por ciento y se realizarán en los sectores de comunicaciones, transportes, energía y turismo principalmente. La inversión será mayor a 259 mil millones de pesos, con lo cual se crearán entre 185 y 190 mil nuevos puestos de trabajo. Aparentemente, siete de esos proyectos anunciados ya están en ejecución en estados de la República: Nuevo León, estado de México, Oaxaca, Tamaulipas, Jalisco y Aguascalientes con una inversión superior a 38 mil millones de pesos.
Es fundamental que los esfuerzos anteriores tomen en consideración una mayor participación de la clase trabajadora y no la consideren un elemento dado o pasivo que no merece ser tomado en cuenta. Después de la crisis que hemos vivivdo y seguimos viviendo, tenemos que recuperar los empleos dignos y justos, el respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores, su libertad, democracia y justicia. Lo mismo educación y capacitación, así como su participación en los procesos productivos.
Lo he señalado y hoy lo reitero una vez más: si queremos tener paz laboral, tenemos que cumplir con la justicia salarial. Es mejor avanzar juntos para alcanzar las nuevas metas y objetivos de una política económica moderna y equitativa.
