Ante la pretendida desaparición de fideicomisos, las áreas gubernamentales implicadas en la operación de los respectivos fondos analizan la manera en que podrían cubrir las necesidades desde el presupuesto ordinario, como lo prometió en días pasados la Secretaría de Hacienda.

Confiamos encontrar las opciones presupuestales para afrontar esa responsabilidad y no desproteger a los beneficiarios, dijo a este diario un alto funcionario, vinculado a la operación de uno de los fideicomisos.

Uno de los que podría desaparecer, en caso de concretarse la iniciativa de Morena en la Cámara de Diputados, es el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), cuya operación tiene abundantes reglas para garantizar las competencias y responsabilidades de los tres niveles de gobierno.

El fideicomiso del Fonden tiene 6 mil 861 millones de pesos, considerado por especialistas sólo una bolsa básica fija, porque el gasto para afrontar emergencias y desastres provocados por fenómenos naturales suele ser mayor.

Por ejemplo, en 2016 fueron autorizados a estados, en conjunto, 4 mil 466 millones de pesos, pero los picos de gasto son muy variables, como en 2010 y 2017, con más de 80 mil millones de pesos.

Los especialistas en protección civil advierten de los riesgos de eliminar este mecanismo porque ha sido efectivo para los procesos de recuperación y reconstrucción.

Para ser aceptado como beneficiario del Fonden es necesario cumplir múltiples requisitos, desde el llenado de formatos hasta lo dispuesto en la Ley General de Protección Civil.

Sin embargo, al final la responsabilidad es del Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda, según el artículo 62 de la citada ley, con el fin de proveer los recursos financieros para la oportuna atención de situaciones de emergencia y desastres, por lo que en caso de que los recursos disponibles se hayan agotado, se harán las adecuaciones presupuestarias para la atención de la población y reconstrucción de la infraestructura estratégica.

No obstante, el valor del fideicomiso del Fonden, explican especialistas, es una garantía, sobre todo ante desastres de gran magnitud.

También hay alertas en otras áreas, principalmente por la incertidumbre presupuestal de cada año y el destino de los recursos; así se ha expresado incluso en estructuras del gobierno federal respecto al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como en el deporte de alto rendimiento, cuyo fondo tiene 213.4 millones en la actualidad.

Beneficiarios consultados dijeron que la mayoría de los atletas dependen de ese apoyo para continuar en la alta competencia y sin él muchos nos veremos en la necesidad de retirarnos.

Este fondo, agregó otro competidor, facilita la gestión directa de los recursos para justas y campamentos, pero además pertenecer a este grupo es tema aspiracional. Nadie te regala un lugar en el Fodepar, los requerimientos son muy altos; es necesario estar en la élite deportiva a nivel mundial.

Además, añadió, carecer del fondo sería estar en manos de las federaciones, las cuales han probado malos manejos de los recursos oficiales que se les otorgan.

Por ello hicieron un llamado a los legisladores a valorar esta decisión que afectará especialmente a quienes no tienen otra opción de ingreso y dejarían el alto rendimiento, que exige dedicación de tiempo completo.