Las 35 universidades públicas del país concentran 27 por ciento de la matrícula de educación superior a escala nacional, cifra que sube a 40 puntos si se toma en cuenta solamente la enseñanza pública que se imparte en ese nivel.

Datos cruzados de sindicatos de dichas instituciones y la misma Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) indican que el crecimiento en la matrícula experimentado en el país en las últimas décadas permanece todavía, a pesar de que en los últimos seis años prácticamente han desaparecido los recursos extraordinarios que otorgaban a estas instituciones, al pasar de poco más de 20 mil a 4 mil millones de pesos, mientras los programas de apoyo se redujeron de 19 a cinco.

En sus análisis, las organizaciones sindicales y la misma Anuies coinciden en que ante las limitaciones del presupuesto ordinario (previstas en el Presupuesto de Egresos como subsidios para organismos descentralizados estatales, con la clave U006), estos fondos extraordinarios cobraron mucha importancia, ya que permitieron llevar a cabo proyectos para innovación educativa, ampliación de la oferta, formación del personal académico y mejora continua de la calidad.

Sin embargo, en el periodo 2015-2019, diversos fondos sufrieron recortes, como: S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa, S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente, U040 Programa de Carrera Docente (UPE), U079 Programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior, U081 Apoyos para la atención a problemas estructurales de las UPE, y S244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa.

Estos recortes agravaron la situación –ya difícil– de algunas universidades, de las cuales, nueve enfrentan actualmente una crisis financiera que las pone en riesgo de no poder cubrir la nómina de su personal docente y administrativo en los últimos meses del año. En este escenario es que las instituciones públicas de educación superior esperan conocer el proyecto de Egresos de la Federación para 2021.

La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, Teresa García Gasca, informó que en el parlamento abierto Construyendo la nueva legislación para la educación superior, que se realizará el próximo lunes en el Senado, hará una propuesta que permita generar un plan de recuperación financiera en la educación pública.

Otro punto que abordará es el de la autonomía y el respeto a los máximos órganos de gobierno de las universidades públicas, que en el caso de la UAQ, su Consejo Universitario tiene la facultad exclusiva para para cambiar las normas de sus instituciones.