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Intervendrán peritos extranjeros en apoyo a víctimas de delitos
 
Periódico La Jornada
Miércoles 9 de septiembre de 2020, p. 34

Con la nueva reforma a la Ley de Víctimas local, familiares podrán solicitar la intervención de expertos o peritos internacionales en investigaciones o procesos penales en la Ciudad de México.

Con el propósito de dar claridad a las investigaciones y garantizar el derecho a la verdad, los diputados locales avalaron de manera unánime la reforma para que, en caso de no haber personal nacional capacitado o se pierda la confianza en las autoridades locales, se solicite el apoyo de expertos y/o peritos internacionales.

El dictamen propuesto por el diputado José de Jesús Martin del Campo, y que fue avalado por unanimidad del pleno, establece que la reparación del daño de una víctima depende de las investigaciones y procesos judiciales, por lo que es necesario facilitar las condiciones para apoyar a las personas afectadas.

Asimismo, se modificó la redacción para que la Fiscalía General de Justicia pueda solicitar a la autoridad federal ordenar la intervención de comunicaciones privadas en procesos penales.

En tanto, los legisladores avalaron una propuesta de la diputada de Morena Lilia Rossbach, con la que se incluyó el concepto derecho a la paz en la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la ciudad.

La legisladora explicó que se establece el derecho a la paz como eje rector de la protección a la niñez, a fin de que se pueda desenvolver en un ambiente que permita su desarrollo integral en la sociedad.

Con la reforma, dijo, se da cumplimiento a una resolución emitida por la Organización de las Naciones Unidas que establece que la paz no sólo es la ausencia de conflictos, sino que requiere de un proceso positivo, dinámico y participativo en el que se promueva la solución de conflictos en un espíritu de entendimiento y cooperación mutuos.

Rossbach refirió que la propuesta aprobada por el pleno forma parte de un paquete de iniciativas cuyo propósito es fortalecer el marco jurídico para la protección de los derechos de la infancia.