Almoloya De Juárez, Méx., José Antonio N, El Marro, compareció ayer ante el juez del Centro de Justicia federal del penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, donde conoció la imputación hecha por el Ministerio Público Federal por delincuencia organizada al identificarlo como el líder del cártel Santa Rosa de Lima (CSRL), dedicado al robo de combustible de ductos de Pemex, entre otros ilícitos.

De acuerdo con la acusación de la FGR, el grupo delictivo extraía hasta 1.5 millones de litros al mes por cada toma clandestina que hacía en el estado de Guanajuato, y el combustible lo vendía en el mercado negro entre 7 y 12 pesos por litro.

El Marro escuchó durante casi cuatro horas el expediente que elaboró la FGR en su contra, basado principalmente en telefonemas intervenidos durante 180 días a los principales operadores de la banda, así como en partes policiacos que detallan la operación del cártel.

Los documentos describen la red protectora en torno a El Marro de policías municipales, estatales y hasta militares, a quienes sobornaba a cambio de que no lo molestaran y se enfocaran en perseguir al rival cártel Jalisco nueva generación.

Se detalló que el CSRL tenía una gran base social en comunidades de Guanajuato, no sólo en Santa Rosa de Lima, sino en Villagrán y Torrecillas, entre otras.

Una de las denuncias de Pemex asegura que El Marro controlaba una organización de más de 150 integrantes, entre halcones, sicarios y personas dedicadas al robo de hidrocarburos en los más de 250 kilómetros de ductos en Guanajuato.

En el expediente se señala que el CSRL pagaba 2 mil 500 pesos a las personas que participaban en los disturbios y que tenían garantizado el abasto gratuito de gasolina.

“El señor José Antonio N es presunto responsable de delincuencia organizada para cometer delitos relacionados con hidrocarburos… además de que se ha acreditado su participación en otros ilícitos, como secuestro, homicidio y extorsión”, leyó el Ministerio Público.

El imputado se acogió a su derecho a no declarar, y su defensa pidió la duplicidad del término legal de 72 a 144 horas para reunir elementos que desvirtúen la acusación.

El juez dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que deberá permanecer en el área de clasificación y observación del penal del Altiplano, al menos hasta que se defina su situación jurídica. El 12 de agosto será la nueva diligencia y se determinará si lo vinculan a proceso por delincuencia organizada relacionada con delitos en materia de hidrocarburos.