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Recorte pone en riesgo la reconstrucción de inmuebles afectados por sismos
 
Periódico La Jornada
Martes 21 de julio de 2020, p. 17

El recorte presupuestal al Programa Nacional de Reconstrucción de 62 por ciento este año, respecto a 2019, afecta la estrategia dirigida a los afectados por los sismos de 2017 y 2018 que perdieron sus viviendas, indica la Evaluación de Diseño con Trabajo de Campo 2019-2020 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Menciona que la respuesta institucional de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano indica que sólo atendió una recomendación y quedan 12 pendientes.

El documento indica que la asignación de menos recursos pone en riesgo el avance en la reconstrucción integral de las localidades que aún no han sido atendidas por completo. Refiere que los mecanismos de coordinación interinstitucional establecidos por el programa deben enfocarse en la atención del problema de manera integral y organizada por todos los sectores involucrados en su resolución.

Detalla que se encontraron avances de la intervención, aun cuando éstos resultan insuficientes para la atención total de las infraestructuras de vivienda, física, educativa, de salud y de bienes históricos, artísticos y culturales, por lo que un número importante de familias y de comunidades aún requiere de la protección y garantía a sus derechos humanos por parte del Estado.

Esperan apoyo damnificados de 12 entidades

Recuerda que el programa otorga subsidios para la reconstrucción o rehabilitación de la infraestructura en vivienda, instalación de educación, salud y cultura. Atiende a localidades afectadas de Chiapas, estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Ciudad de México.

Durante 2019, el programa contó con un presupuesto de 8 mil millones de pesos, con los cuales se otorgaron 36 mil 495 apoyos de vivienda, 296 apoyos de rehabilitación, reconstrucción y equipamiento de planteles educativos. Este año se asignaron 2 mil 844 millones de pesos. Recomendó que la transferencia de los recursos se realice a un organismo ejecutor de obra para fortalecer los mecanismos de producción social, y aumentar la eficacia y eficiencia de los recursos.