En la evaluación del diseño con trabajo de campo de 17 programas sociales, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) encontró que el Censo del Bienestar es insuficiente como fuente de información de los beneficiarios y cada programa debió hacer ajustes a los datos para tener información precisa.

José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Coneval, apuntó que los apoyos de los programas sociales en los hogares más pobres representan alrededor de 30 por ciento de los ingresos; son importantes, pero no resuelven el 100 por ciento de ese problema. La situación de pobreza de las familias dependerá del periodo que tarde el desconfinamiento por Covid-19, ya que mientras más tiempo pase habrá más afectaciones, agregó.

En videoconferencia de presentación de las evaluaciones de diseño, que se realiza por primera vez, destacó que los programas tienen un cambio de paradigma, ya no son condicionados. Reconoció como un reto la entrega de apoyos debido a la dificultad de la población en zonas rurales para acceder a bancos y señaló que los recortes presupuestales también pudieron afectar, en algunos casos, la calidad o cantidad de los bienes y los servicios ­otorgados.

En el esquema de los programas sociales se observa poca claridad en la definición del problema que buscan resolver, en el primer año de operación cambiaron su normativa, incluso en el mismo año fiscal, se centran en la entrega de bienes y servicios, pero se debe tener claridad del resultado, se indicó al presentar los hallazgos principales del estudio.

El documento apuntó que, aunque es un logro orientarse a las zonas de alta y muy alta marginación, así como a zonas de violencia y donde predomina la población indígena, se podría afinar la cobertura con el indicador de pobreza como criterio de elección para no sólo llegar a los territorios más necesitados, sino a las personas con mayores carencias.

Los servidores de la nación, la cara visible de los programas, que tienen a cargo la difusión de programas, ubicar a los beneficiarios y realizar el Censo del Bienestar, deben estar capacitados y tener recursos suficientes para sus actividades, indicó.

Por su parte, el consejero Armando Bartra sostuvo que el trabajo de evaluación no sólo se dirige a los responsables de los programas. Destacó que éstos son públicos en diseño y operación, las evaluaciones deben ser públicas y la transparencia y los hallazgos contrarrestan que se utilicen con fines electorales. La gente puede ayudar a evitar el mal uso de los programas, señaló.