En el segundo aniversario del triunfo de Andrés Manuel López Obrador por la Presidencia, el país padece una crisis económica sin precedentes, provocada por la pandemia del Covid-19, que se tuvo que enfrentar –según el diagnóstico gubernamental– con un semidestruido sector salud, heredado en condiciones de abandono por las políticas neoliberales previas, y en medio de confrontaciones por la política implementada para hacerle frente.

Al mismo tiempo, a pesar del apoyo que le brindan las fuerzas armadas, y pese a la creación, hace un año, de la Guardia Nacional, no se ha logrado bajar los índices de violencia e inseguridad que también, a decir del mandatario, le fueron heredados por los pasados gobiernos. El pasado reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revela que la incidencia de homicidios dolosos a escala nacional –dos mil 926 en mayo– se encuentra en los mismos términos que al inicio del actual gobierno, con una variación mínima al alza de 0.72 por ciento.

El coronavirus complicó la cruzada antineoliberal emprendida desde un inicio por el mandatario, quien apuesta a la entrada en vigor del Tratado México, Estados Unidos, Canadá, y a fortalecer la economía popular para lograr la recuperación económica.

Restructuración del sector salud

Con la aparición del Covid-19, López Obrador aceleró la restructuración del sector salud con un aumento presupuestal de 40 mil millones de pesos, que le permitió hacer frente, con el apoyo de las fuerzas armadas, a la insuficiente infraestructura hospitalaria, a la carencia de médicos, especialistas, desabasto de equipos y medicamentos.

En el terreno económico, la apuesta obradorista para poner fin al modelo neoliberal y la corrupción que se le asocia, implicó dar un viraje a la política energética con la renegociación de contratos de gasoductos y la pretensión de reorientar la política de generación de electricidad; cancelar grandes proyectos del pasado y una audaz política fiscal para recuperar adeudos multimillonarios con grandes corporativos.

Los efectos económicos de la epidemia –que han rebasado a casi todos los gobiernos en el mundo– impactaron en el diálogo con las cúpulas empresariales, particularmente el Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo Mexicano de Negocios, desde abril, por las diferencias en torno a la estrategia seguida, y ante la negativa de López Obrador de contraer deuda, otorgar estímulos fiscales y en cambio, apostar por el apoyo directo a los más pobres.

Algunas cifras dan cuenta de la complejidad del momento: caída de 1.3 por ciento del Producto Interno Bruto en el primer trimestre del año –que prolongó la tendencia de 2019, cuando se redujo en 0.4 por ciento–, con diversas proyecciones que apuntan a una contracción de entre 7 y 10 por ciento en 2020; una reducción en las exportaciones de 41 por ciento; descenso en la actividad manufacturera de 31 por ciento y, como efecto directo de la pandemia, casi un millón de empleos perdidos, entre otras.

Con la contingencia sanitaria también afloraron las desavenencias con gobiernos estatales de oposición, y su próxima visita al presidente Trump, en medio del proceso electoral estadunidense, sumó otras presiones, que han abarcado desde la renegociación del tratado comercial, la amenaza de aranceles y la política migratoria mexicana.

Delincuencia organizada

En estos dos años, a raíz de su triunfo en las elecciones presidenciales, López Obrador ha mantenido su estrategia de no responder a la violencia con guerra o más violencia. En octubre, decidió liberar a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, cuando ya había sido detenido en un operativo en Culiacán, ante el riesgo de que perdieran la vida más de 200 civiles. Ahora el Estado enfrenta ataques del crimen organizado por el combate emprendido en su contra.

La Unidad de Inteligencia Financiera congeló más de 55 millones de esos al cártel Santa Rosa de Lima, liderado por José Antonio Yépez Ortiz, El Marro –que opera en Guanajuato, el estado con mayor índice de violencia–, e indaga diversas empresas relacionadas con el grupo delincuencial .

Y al cártel Jalisco Nueva Generación, que el viernes pasado ejecutó un ataque contra el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, le bloqueó, mediante el operativo Agave Azul, mil 939 empresas y personas vinculadas, al analizar operaciones por más de 2 mil 951 millones de pesos.