Guadalajara, Jal., Siete organismos civiles exigieron al gobierno de Jalisco, que encabeza Enrique Alfaro, garantizar atención y protección especial a los enfermos por la contaminación del río Santiago y lago de Chapala que además viven en la ribera, debido al alto riesgo ante la pandemia por coronavirus, así como otros problemas apremiantes en la entidad en los que, a su juicio, se ha relajado la atención con el pretexto de la cuarentena.

Para los enfermos que viven en los márgenes del río Santiago y el lago de Chapala –sobre todo los que padecen insuficiencia renal o cáncer–, las organizaciones pidieron transporte especial para que, en condiciones de máxima seguridad y protección, puedan viajar para continuar sus tratamientos.

También exigimos que las unidades móviles de hemodiálisis se trasladen de manera directa a las comunidades de Mezcala, San Pedro Itzicán, Agua Caliente, Salchipote, El Salto, Juanacatlán y las demás que lo requieran y se destinen recursos especiales para la compra de sus medicinas, el fortalecimiento de su economía familiar, se garantice el acceso al agua potable y se les proporcione atención emocional especializada, refiere la petición.

Exhortaron a que el gobierno estatal cumpla e implemente las medidas cautelares emitidas hace un par de meses por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre ellas la implementación de una emergencia sanitaria y ambiental urgente para allegar recursos a esta población altamente vulnerable.

El documento fue enviado por el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, el Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de las Mujeres, Por Amor a Ellxs, el Comité de Defensa Ambiental El Salto, el Foro Socio Ambiental Guadalajara, la Unión de Pueblos y Organizaciones de Jalisco por el Agua, la salud y el Territorio, el Comité de Mujeres Ecologistas de la Huizachera-El Salto, el Instituto Vida de Juanacatlán y Comité Salvemos Temacapulín Acasico y Palamarejo.

También señalaron que el colectivo por Amor a Ellxs ha documentado que durante la pandemia en las denuncias sobre personas desaparecidas, especialmente de niñas y menores de edad, las autoridades continúan sin activar los protocolos de búsqueda de manera inmediata, por lo que exigen que no les impongan a las familias el plazo de las 72 horas (contrario a la ley) y procedan de inmediato a su localización.